El PP aplaza fijar postura en la gestación subrogada hasta después de las generales
SOCIEDAD
El BNG plantea formalmente a PP y PSOE un rechazo del Parlamento de Galicia a los vientres de alquiler, pendiente de negociación
09 abr 2023 . Actualizado a las 17:55 h.La polémica en torno a Ana Obregón, tras haber sido abuela por gestación subrogada en Estados Unidos, ha resucitado un debate que amenaza con reabrir viejas heridas en el PP. La dirección de Alberto Núñez Feijó está dispuesta a animar un debate «sosegado y serio» para regular los denominados vientres de alquiler siempre que «no medie en ningún caso una contraprestación económica». La formación conservadora considera que sería «bueno regular» esta práctica dado que, aunque en España es ilegal, hay españoles que lo hacen en otros países y luego tratan de inscribir a esos niños cuando vuelven al territorio nacional. «La mercantilización es absolutamente execrable», inciden en la cúpula, donde postergan hasta después de las elecciones generales abordar esta y otras cuestiones ideológicas en el marco de un congreso nacional.
Desde 2017 no se ha celebrado ningún cónclave que aborde asuntos como la maternidad subrogada, el aborto o la eutanasia, que en mayor o menor medida confrontan a las diferentes almas del PP. Fue precisamente en ese congreso en el que se aprobaron los estatutos que siguen actualmente vigentes y donde los populares tiraron el balón hacia adelante a la hora de fijar postura sobre los vientres de alquiler ante la imposiblidad de alcanzar un acuerdo.
De un lado estaban los partidarios de abrir el partido a lo que entendían como una nueva realidad que debía recibir respuesta. Entre ellos, Feijóo, entonces presidente de la Xunta y hoy líder nacional del PP; el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto; o la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En el otro lado se encontraba el sector más conservador, en línea con la postura -desde presupuestos distintos- de la Iglesia católica y de las feministas, representada por la exportavoz de Asuntos Sociales Lourdes Méndez, el consejero madrileño Luis Peral o los parlamentarios José Luis Sastre y Javier Puente. Contrarios todos ellos también al giro que ha dado la formación ahora en relación con la ley de plazos del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero que ha avalado el Constitucional.
El congreso de 2017 fue el último en el que el partido afrontó dilemas morales, sin acuerdo en cuanto a los vientres de alquiler
Fue a Maroto al que le tocó lidiar con el asunto en su calidad de coordinador del texto social, del que eran ponentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el entonces mandatario de Murcia, Pedro Antonio Sánchez; y los líderes del partido en la Comunidad Valenciana y Extremadura, Isabel Bonig y José Antonio Monago, respectivamente. Ante las reticencias a legislar sobre los vientres de alquiler, el portavoz en la Cámara alta pactó una enmienda transaccional que no molestara a nadie más de la cuenta, evitando así tomar partido en un asunto que no solo dividía al PP, sino a la sociedad.
Según el texto aprobado hace seis años, en lo único que se comprometía la formación era a emprender «un debate en profundidad, serio y sereno» en el que se escuchasen «a los expertos tanto en el ámbitos científico, como jurídico y ético» para fijar una postura. Lejos quedaba la posición de otros partidos como Ciudadanos, que enarbolaron la bandera de regular la maternidad subrogada y llevaron el asunto al Congreso. «Lo que está claro es que hay un vacío legal que debe ser estudiado con profundidad y con sosiego, algo que lamentablemente en la política española no existe», argumentó este miercóles Feijóo desde Gijón cuando fue preguntado al respecto.
Debate en profundidad
La dirección popular cree que es una cuestión que está en la calle -como el aborto o la eutanasia- y que exige un debate en profundidad, escuchando a expertos en todas las disciplinas. Hay disposición a estudiar una posible regulación ante la evolución de la sociedad y las necesidades que tiene hoy la familia en nuestro país pese a que se trata de un debate delicado para el PP y que suscita un rotundo rechazo en el electorado conservador religioso, como han recordado los obispos. «Ser madre no es un derecho, sino un regalo», afirmó la semana pasada el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán.
La maternidad subrogada es una cuestión que, según sostienen desde el partido, «no divide tanto como el aborto». Por ahora, se han ido sorteando las polémicas. Cuando se aprobó la nueva ley, Feijóo sostuvo que la interrupción voluntaria del embarazo era «un derecho que tiene la mujer, pero no fundamental» frente a quienes dentro del PP defienden el regreso a la ley de supuestos de 1985. En la ponencia ideológica de 2017, se recogía expresamente que no es «un derecho», por lo que habría que introducir cambios en una ponencia futura. Un reajuste que, en todo caso, no se hará en pleno año electoral, aunque el nuevo posicionamiento sí entrará en el programa que los populares llevarán para las generales de final de año.
Postura conjunta en Galicia
En clave autonómica el BNG ha planteado a los demás grupos de la Cámara, PPdeG y PSdeG, una propuesta de declaración institucional en la que el Parlamento gallego rechace la gestación subrogada por «constituir una forma de explotación y mercantilización del cuerpo de las mujeres, especialmente de las más empobrecidas y vulnerables». Asimismo, también rechaza esta «práctica» porque supone «considerar a las niñas y niños una mercancía».
Tal y como informa Europa Press, esta propuesta fue entregada en la reunión de portavoces de esta semana, tal y como han confirmado fuentes de los tres grupos parlamentarios con representación en O Hórreo. PPdeG y PSdeG han confirmado que tienen el documento remitido por los nacionalistas --en la propia junta de portavoces, por parte de la viceportavoz, Olalla Rodil-- y que el horizonte, como es habitual, es la próxima sesión plenaria. De haber acuerdo, se leería por parte de la Presidencia de la Cámara, ya que una declaración institucional necesita del consenso unánime para elevarse a esta categoría.
A falta de las posibles conversaciones y cambios que se puedan introducir en el texto, las posturas de los grupos de la oposición y del PP presentan fisuras en torno al debate que se ha abierto en el ámbito estatal a raíz de conocerse que la actriz y presentadora Ana García Obregón recurrió a un 'útero de alquiler' en Estados Unidos para que naciera un bebé, el cual ha sido inscrito como su hijo y que genéticamente sería su nieto.
Rechazo
Los nacionalistas quieren que el conjunto de la Cámara autonómica inste a la Xunta a «mostrar el rechazo de las gallegas y gallegos ante cualquier cambio legal encaminado a legalizar, reglamentar o banalizar esta práctica».
«Razón por la que nos dirigimos al Gobierno español y a las autoridades europeas para que promuevan las modificaciones legales que sean oportunas para disuadir e impedir la práctica del alquiler de vientres también a través de terceros países», añade la propuesta de declaración institucional.
En su argumentación previa, el BNG recuerda que la gestación subrogada o gestación por sustitución está prohibida en el Estado español y se señala que constituye una «práctica ilegal». Sin embargo, se reconoce legalmente a los niños y niñas nacidos a través de esta práctica en terceros países.
«Alquilar un útero para gestar una criatura es una forma de explotación más del cuerpo de las mujeres que reduce, además, a los niños y niñas a una mercancía que puede ser objeto de compra venta», señala el texto propuesto por el Bloque, cuya líder, Ana Pontón, había anunciado en días anteriores que se impulsaría esta iniciativa para tratar de consensuar una postura conjunta del Parlamento en contra de esta práctica.