Los 300.000 millones de financiación climática aprobados en Bakú: pocos y enrevesados
SOCIEDAD
Queda la interrogante de cómo el sector privado asumirá la parte que le toca y si China o India, que no tienen obligación de contribuir al fondo, realizarán aportaciones individuales
25 nov 2024 . Actualizado a las 14:14 h.El acuerdo ni siquiera llegó en la prórroga. Lo hizo en los penaltis en la madrugada del domingo. Tarde y cuando ya había sonado la campana. Y también es rácano e insuficiente. Pero al menos es un acuerdo que permite salvar las negociaciones del clima. Es a lo que se aferra la organización de la cumbre de Bakú, la COP 29, que incluso asegura en el comunicado final que el compromiso «desafía expectativas», lo cual es cierto si se tiene en cuenta que se alcanzó bajo la amenaza de colapso. Y, lo que no es menos importante, en un contexto de fragmentación política y bajo la sombra alargada del triunfo de Donald Trump.
El acuerdo fija una financiación pública por parte de los países desarrollados de 300.000 millones de dólares anuales de aquí al 2035 para ayudar a los estados en desarrollo a mejorar la protección del clima, avanzar en la descarbonización y adaptarse a los efectos devastadores del calentamiento global, como sequías, tormentas e inundaciones más frecuentes. El resto, hasta completar los 1,3 billones previsto, debe completarse con inversión privada. Y aquí es donde surgen las dudas.
«La financiación privada es incierta e indeterminada. El problema es que el sector privado no se ha destacado, de momento, por alcanzar estos niveles de financiación y no hay razones para pensar que esta tendencia pueda cambiar», explica Vanesa Castán, catedrática de Urbanismo Climático en la Universidad de Sheffield en una reacción recogida por SMC España.
Tampoco existen garantías de que el dinero público pueda llegar a su destino. Los 100.000 millones anuales comprometidos en la cumbre de Copenhague en el 2009 solo se alcanzaron por primera vez en el 2022. Y tampoco se ha elevado la lista de los países donantes recogida en el acuerdo de Copenhague. China, por ejemplo, no está obligada a aportar dinero a este fondo, como tampoco India, que sí podrán participar en la financiación, pero de forma voluntaria. En el texto aprobado en Bakú, de hecho, se alienta a que otras naciones que no están consideradas desarrolladas en el contexto de la ONU «hagan contribuciones adicionales» para lograr los objetivos de financiación.
Existe otro contratiempo que tampoco se ha modificado. Actualmente, la movilización de estos miles de millones se realiza en forma de subvenciones y en préstamos. Esta fórmula ha llevado actualmente a las naciones en desarrollo a pagar más de 300.000 millones de dólares al año solo en intereses y en muchos de ellos la deuda externa se ha disparado hasta límites insospechados.
Pero la financiación aprobada en Azerbaiyán tampoco convence ni a las asociaciones ecologistas ni a los países con menos recursos y más expuestos a los efectos del cambio climático, especialmente los estados insulares. Por ejemplo, las Islas Marshall (y otras del Pacífico) ven este resultado de la COP29 como una sentencia de muerte para sus países. «Vinimos de buena fe y hemos visto lo peor del oportunismo político», señaló Tina Stege, enviada climática de este territorio insular.
Igual de duros son las oenegés ambientales, que califican de decepcionante el acuerdo. «El objetivo aprobado es claramente insuficiente viendo la desesperación, la gravedad de la crisis climática y la comparación con la financiación que se necesita para acción climática en todo el mundo. Se demandaba un billón de dólares al año de financiación pública, y se han aprobado solo 300.000 millones de financiación pública», lamenta Pedro Zorrilla Miras, representante de Greenpeace España en la COP29.
Pero existen visiones menos pesimistas, como de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, quien aseguró que el acuerdo «marca una nueva era para la cooperación y la financiación climática». A su juicio, «impulsará inversiones en la transición limpia, reduciendo las emisiones y creando resiliencia al cambio climático».
Carlos de Miguel Perales, profesor de Derecho Civil y del Medio Ambiente en Icade, también ve el vaso medio lleno. «El resultado es menor del demandado, pero hay que ver la parte positiva, porque el proceso de lucha contra el cambio climático sigue en camino, aunque progrese menos de lo que se quiera», asegura en otra reacción recogida por SMC.
Unas horas antes de cerrarse el acuerdo sobre financiación se cerró el pacto sobre mercados de carbono, que despeja el camino para que pueda crearse un sistema internacional para comerciar. Con este mecanismo, estados y empresas pueden comprar derechos para seguir emitiendo CO2.