El Observatorio da Cadea Alimentaria emitirá informes «solventes» sobre costes de producción para «defender» al sector

E.P. SANTIAGO

AGRICULTURA

El nuevo organismo celebró este viernes su primera reunión

30 jul 2022 . Actualizado a las 04:47 h.

El Observatorio de la Cadea Alimentaria de Galicia ha celebrado este viernes su primera reunión. Allí estuvo el conselleiro de Medio Rural, José González, que dijo que el deber «primordial» de este organismo será «emitir informes que lle den solvencia e carácter obxectivo aos custes de produción do sector».

González, que ha estado acompañado por el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, que ha explicado que el objetivo es que, con esos informes emitidos por un ente público, los operadores del sector primario puedan «defenderse» en lo que se refiere a la negociación de contratos de venta y consigan un precio que les permita cubrir los costes con un margen de beneficio.

Así, se impulsarán informes sobre costes y precios en los sectores de la leche, la carne de vacuno, de la uva o de la patata; así como el cerdo celta, la ovina-caprina, la castaña o la manzana de sidra. Este instrumento, creado en virtud del acuerdo de colaboración suscrito entre el Instituto Galego do Consumo e da Competencia _dependiente de la Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación_, la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, la do Medio Rural y la del Mar, nace, según ha explicado el propio González, tras las modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria estatal.

En ese sentido, el titular de Medio Rural ha insistido en pedirle al Gobierno central que «deixe ben claro» en la ley que los informes que puedan emanar de este tipo de observatorios «servan de medio de proba» para acreditar costes y defender a los operadores del sector primario.

En la planificación del Observatorio también se contemplan informes sobre la caracterización y evolución de los principales sectores productivos, así como otros ligados a la innovación, sostenibilidad o digitalización. También están previstos estudios sobre las actualizaciones inspectoras o de control de prácticas comerciales desleales, sobre la formación de precios durante la cadena en determinados campos y para la contratación alimentaria en diferentes sectores productivos, «co obxectivo de introducir maior transparencia nas relacións comerciais e cumprir coa Lei da Cadea Alimentaria».

También persigue elaborar informes periódicos sobre las distintas ramas productivas que componen el sector agroalimentario gallego y llevar a cabo acciones que favorezcan el diálogo y la intercomunicación entre los agentes de la cadena de valor, entre otras funciones.

MOMENTO CLAVE

El conselleiro también ha destacado que la puesta en marcha de este organismo se produce «nun momento crucial para o agro gallego», ya que se está viendo afectado por el incremento de los costes de producción de las explotaciones, «agravado trala invasión rusa de Ucrania».

Sobre esto recuerdan que la Consellería, en colaboración con la Fundación Juana de Vega, ya llevó a cabo un estudio sobre los precios y los costes de producción en el sector lácteo, así como en el ámbito de la IXP Ternera Gallega, en concreto de los productos certificados con el sello Ternera Gallega Suprema. En los dos casos se constató una situación de venta a pérdidas generalizada.

En este contexto, la Xunta promovió un protocolo de entendimiento histórico entre todos los eslabones de la cadena de valor cárnica para fomentar que todos los agentes _«especialmente os gandeiros, os máis vulnerables»_, reciban un precio superior al de los costes de producción, «garantizando o necesario marxe de beneficio».

También se firmó un convenio de colaboración con el Consello regulador de las Indicacións Xeográficas Protexidas de carne de vacuno de Galicia para movilizar 1,4 millones de euros en una campaña de promoción, fomento y difusión de la carne de vacuno de Ternera Gallega Suprema. De esa partida, la Administración autonómica aportará la mitad y el consello regulador los otros 700.000 euros.