Piden a la Xunta un estudio para elaborar un protocolo de actuación
24 nov 2023 . Actualizado a las 09:36 h.La preocupación por los casos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en vacas, conocida también como el covid del ganado vacuno, ya llega también a los tratantes. La ganadería vacuna lleva meses afrontando el problema, con focos que se han extendido por toda Galicia. La semana pasada se declararon once más, que afectaban a las cuatro provincias gallegas y que elevaban a 29 las comarcas veterinarias en las que se había registrado la enfermedad.
Los tratantes gallegos, cuya asociación celebra una asamblea este viernes en Lugo —Hostal Torre de Núñez, ocho y cuarto de la noche—, lamentan que hasta ahora no se haya concretado un protocolo firme. El conselleiro de Medio Rural, José González, anunció en Lugo, hace varias semanas, que la Xunta concedería, dentro de los presupuestos del 2024, ayudas a los ganaderos afectados: explicó que tendrían efecto retroactivo y que cubrirían también los daños sufridos en las explotaciones durante este año.
Sin negar las consecuencias favorables que pueda tener esa medida, los tratantes —en la asociación gallega hay unos 260 inscritos— piden a la Xunta que use su personal y sus medios técnicos para realizar un estudio a fondo de la situación, ya que así, consideran, sería más fácil articular un protocolo de actuación para los afectados.
La enfermedad se transmite por la picadura de mosquitos del género culicoides, sin posibilidad de contagio de unos animales a otros. Los casos obligan a los ganaderos a un gasto en medicamentos, aunque también se han dado casos en los que el responsable de una explotación ha tenido que sacrificar sus animales por este problema.
Esa es la impresión que perciben los tratantes por el contacto con los ganaderos. «Vai haber axudas, pero a posteriori», dijo este jueves la secretaria de la Asociación Galega de Empresarios de Gando, Marisol López. Ante esa situación, por la que los ganaderos deberán afrontar gastos y esperar meses antes de recibir ayudas, los empresarios de ganado proponen que se busquen posibles soluciones para atenuar el impacto en el sector.
Inquietud por la lengua azul
Por otro lado, en los tratantes hay también preocupación por los efectos de la lengua azul tras una incidencia que llegó antes que la de la EHE. En este caso, para los animales que salen de las explotaciones para ir a mataderos o se venden para vida se establece la obligatoriedad de la vacunación. Esa norma implica que si un tratante visita a un criador interesado en vender una res, solo se podrá completar la transacción si se le ha puesto la vacuna.
Desde principios del verano, en Galicia solo estaba permitido el movimiento de animales en zonas restringidas por los efectos de la enfermedad si estaban vacunados, y se fijaba la obligatoriedad de desinfectar el vehículo de transporte. La necesidad de la vacunación va a abarcar toda Galicia, mientras que hasta ahora el norte y el centro de Lugo —hasta la comarca de Sarria— y toda la provincia de A Coruña se veían libres de la norma. El deber de vacunación ya afectaba al sur lucense, a Ourense y a Pontevedra.
Los tratantes confían en un período de adaptación antes de que esa medida se normalice, porque si se empezase a aplicar de inmediato, las consecuencias resultarían más problemáticas para el sector.
Un problema que apareció en Ourense y en Pontevedra
Los primeros casos de lengua azul aparecieron en dos municipios ourensanos (Castro Caldelas y Sarreaus) y en dos pontevedreses (Fornelos de Montes y As Neves). En el sur de Lugo fueron registrándose después situaciones similares, lo que motivó que las comarcas veterinarias de Chantada, Terra de Lemos-Quiroga y de Sarria entrasen también en las zonas restringidas.
Los contratiempos para el movimiento de ganado fueron notables en los últimos meses, como detalla Marisol López. Si un animal se compraba en A Coruña o en la zona de Lugo libre de restricciones y se destinaba al sacrificio, no había problema; si, por el contrario, se adquiría para vida, era necesario vacunarlo antes de seis días. La unificación de un mismo criterio para toda la comunidad no parece generar rechazo, aunque con la condición de que se dé un tiempo de adaptación en las zonas hasta ahora libres.