José Luis Rey, presidente de Agafac: «La ley de deforestación podría provocar un desabastecimiento de soja, y eso es impensable»

Galicia produce al año 3,3 millones de toneladas de piensos compuestos. «Somos la quinta comunidad de España y la primera si hablamos solo de vacuno de leche, porque producimos el 45 % de todos los piensos para el vacuno de leche de España», cuenta José Luis Rey, presidente de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac). La entidad está actualmente inmersa en la construcción de su sede en el puerto de A Coruña, un centro que supondrá un hito a nivel Europeo en lo que a seguridad alimentaria se refiere. Pero, sobre todo, está preocupada por el impacto que la ley de deforestación de la Unión Europea podría tener sobre el comercio de la soja.

—Ahora mismo están haciendo una importante inversión en el puerto de A Coruña.

—Es un proyecto que esperamos terminar a mediados del año que viene y que supone una inversión muy grande, por lo que intentamos buscar diferentes apoyos para sacarlo adelante, tanto por parte de los socios de Agafac como de proveedores externos. Ahora esperamos a ver si recibimos algún apoyo de las administraciones, de las que no tenemos noticias. Sí tenemos que agradecer el apoyo de la Autoridad Portuaria de A Coruña, que nos ha dado todas las facilidades para encontrar el terreno. El nuevo centro va a ser todo un hito, porque en Europa no se conoce algo así. Es el primer paso para garantizar la seguridad alimentaria.

—¿Qué tiene de innovador ese nuevo espacio?

—La nueva sede nos permitirá hacer controles de forma más rápida y eficiente. Va a incluir mejoras y una importante inversión en maquinaria que nos permitirá detectar micotoxinas o insecticidas, que pueden venir en las materias primas. Será como tener un laboratorio del sector en el Puerto. Porque todo lo que entra se analiza y, si se detecta alguna anomalía que no se incluye en la legislación vigente, esa materia prima se rechaza.

—Una de sus principales preocupaciones, actualmente, es la ley de deforestación de la UE.

—Sí, porque es una normativa que va a afectar, sobre todo, a países donde se produce soja. La norma tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero del 2025, pero el año pasado decidió demorarse un año más porque los operadores que traen la materia prima no estaban preparados, ni las aduanas tampoco. Se pensaba que, durante ese año, se iban a poner las medidas necesarias para que pudiera cumplirse. Pero vemos que estamos en la misma situación que entonces. El problema es que, ahora, hay países de Europa que quieren que se aplique esta normativa a partir del 1 de enero del 2026 y, aunque en un principio la Comisión habló de retrasarla, ahora dice que no se contempla más prórrogas, de ahí nuestra preocupación. Tal y como está la normativa actualmente, solo podríamos abastecernos de un 30 % de la soja que consumimos actualmente. Y eso es algo impensable.

—¿Por qué la soja es una materia prima tan imprescindible?

—Es indispensable porque aporta proteínas, sobre todo para la alimentación de porcino y aves. En España no se produce casi nada y en Europa somos altamente dependientes de las importaciones. Europa consume entre 30 y 34 millones de toneladas al año, mientras que España precisa otros seis millones de toneladas. En Galicia, el consumo está en las 600.000 toneladas por año. Si pudiéramos traer toda la soja que necesitamos, con la entrada en vigor de la ley de deforestación calculamos que su precio subiría una media de 40 euros por tonelada. Eso representa un impacto de 1.300 millones de euros en Europa, 240 millones en España y 24 en Galicia. A mayores, habría que calcular lo que subirían el resto de proteínas, como la colza o el guisante, que van a encarecerse si la colza se encarece. Así, calculamos que el impacto total de la ley de deforestación en Galicia sería de 30 millones de euros.

—¿Cuáles son los problemas de esta normativa?

—La norma dice que hay que sembrar y cosechar en tierras que hayan sido deforestadas antes del 30 de diciembre del 2020, que el productor tiene que geolocalizar sus tierras y mandar imágenes de las mismas y que esa soja tiene que estar segregada de la del resto, que no tiene esas garantías. Además, los productores tienen que estar al día con la Hacienda de su país y tiene que demostrar que en su producción no hubo mano de trabajo infantil. Nos parece bien, pero el problema es que hay que certificar todo eso. Calculamos que todos esos trámites subirán el precio unos 40 euros por tonelada. Pero el verdadero problema es que nos tememos que los productores de Brasil o Argentina no quieran producir bajo esas condiciones porque no se les incentiva. Y entonces podemos quedar desabastecidos y eso tendrá una repercusión enorme, porque no podremos dar una alimentación adecuada a los animales. A mayores, los importadores de esta materia pueden ser sancionados con el 4 % de su facturación europea si incumplen la norma. El riesgo que corremos es que se restrinja todo el comercio.

—Ustedes no están en contra de combatir la deforestación.

—Como sector estamos completamente comprometidos con mantener el alto nivel y la calidad de nuestras materias primas y no queremos que se deforesten tierras para producir. Estamos a favor de que se legisle, pero creemos que se debe hacer una revisión de la norma para simplificarla y garantizar así un suministro estable de esta materia prima. Queremos seguir haciendo esfuerzos y compitiendo, pero siendo realistas. Las empresas seguiremos trabajando con este fin y por conseguir un marco legislativo que nos sirva de manera eficaz y que no lastre nuestras industrias.

—Su sector está muy influenciado por los conflictos geopolíticos.

—Afortunadamente, la producción de materias primas para alimentar a los animales se va equilibrando, entre lo que se produce y lo que se consume. Pero ahora nuestros problemas son geopolíticos. Cuando fue la guerra de Ucrania, la soja subió casi el doble de su precio y el maíz, el 60 %. Ahora que parecía que estábamos tranquilos llegó el problema de los aranceles y la tensión comercial entre China y Estados Unidos, que nos está perjudicando de manera colateral porque China es un gran importador de soja y todo lo que hace repercute en el resto del mundo. Por eso esperamos que con la ley de deforestación impere el sentido común y se demore su entrada en vigor. También, que se hagan los cambios legislativos necesarios para que podamos cumplirla. Porque no queremos traer soja a cualquier precio, queremos cumplir con la normativa de deforestación.

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