Inquietud en el campo por la entrada en vigor de la norma sobre purines
SOSTENIBILIDAD
La inversión media para adaptarse a la ley ronda los 16.000 euros
04 ene 2020 . Actualizado a las 18:07 h.Los plazos se acabaron y las prórrogas se finiquitaron. Desde este miércoles, 1 de enero, el esparcimiento de purines ganaderos en fincas de toda España bajo los sistemas de plato o abanico queda definitivamente prohibido. Los labradores o ganaderos que no se atengan a los estrictos criterios fijados en un decreto aprobado a finales del 2017 durante el Gobierno de Rajoy, que pone fin a estas prácticas, tendrán que asumir la retirada de ayudas de la PAC. Los pagos que llegan de Bruselas oscilan entre los 10.000 y los 100.000 euros, dependiendo de la extensión de su parcela o explotación.
El real decreto responde a exigencias de la Unión Europea sobre la necesidad de reducir el nivel de emisiones de amoníaco (NH3) de España. Además, se busca aumentar el contenido de materia orgánica del suelo para luchar contra el cambio climático global.
Algunas comunidades autónomas, entre ellas Galicia, pidieron dos prórrogas anuales para la aplicación de la normativa y el ejecutivo estatal las concedió. Ahora no hay vuelta atrás. Las moratorias del 2018 y del 2019 no afectaron al denominado sistema de esparcimiento de purines por cañón, muy utilizado tradicionalmente en el agro gallego durante décadas.
Todo se centra en la necesidad de inversiones en las explotaciones. El aplicador de purines exigido por la norma cuesta entre 15.000 y 16.000 euros. Esa es una cuantía elevada y difícilmente asumible para pequeñas granjas de 15 o 20 vacas o para un agricultor con fincas de patata de cinco o seis hectáreas. En Ourense y en A Limia perviven todavía decenas de estas pequeñas explotaciones.
Hay otro problema. Muchos profesionales reconocen que están pensando si adaptarse o no y que se les ha echado el tiempo encima. Ahora mismo hay una sobredemanda de muchos de estos aplicadores para cisternas. Algunos industriales no pueden surtirlas hasta dos o tres meses después de ser compradas por el ganadero.
El sector primario está muy inquieto. Maite Joga, presidenta de la asociación Adegal -que agrupa a cientos de ganaderos y labradores de A Limia, la principal comarca agroganadera gallega- urge ayudas. También muestra su preocupación por el progresivo descenso de los márgenes de beneficios de las explotaciones, que ponen su viabilidad en la picota. «O cumprimento e adaptación á nova norma supón unha forte inversión en maquinaria e tecnoloxía, aumentando os custes de produción, que se vén repercutidos soamente no sector agrogandeiro», expone Joga. Desde Adegal reclaman una línea de ayudas para afrontar estos cambios «nun sector profesional e comprometido co medio ambiente», destaca Joga.
Desde la Consellería de Medio Rural no indicaron si la Xunta va a solicitar una nueva moratoria o si esta es legalmente viable, algo que algunos expertos consultados niegan.
Samuel Formoso: «Trata igual a un gandeiro con 15 vacas que a un con miles de porcos»
Samuel Formoso es un ganadero de vacuno de Vilar de Barrio, en plena llanura de A Limia. Es consciente del enorme problema para muchos ganaderos de la comarca. «Temos un problema de carallo con esta normativa que é inxusta. Trata igual a un gandeiro con 15 ou 20 vacas que a unha granxa con miles de porcos. A inversión precisa para adaptarse a norma é enorme para unha explotación pequena e penso que moitas pecharán en toda Galicia», comenta. Entiende que debería pedirse otra moratoria. «Hai moita xente que aínda non mercou os aplicadores de puríns, posiblemente tres cuartas partes do sector na Limia», remarca. Y añade: «Hai cisternas vellas, pequenas, de 3.000 litros. Eses novos aplicadores custan máis que a propia cisterna». Asegura que el sector teme sanciones. «O único que percibimos é que cada vez os impostos, os trámites burocráticos e as multas van a máis. A administración non deixa de poñer trabas», remata.
