Concluyen los registros en empresas sospechosas, pero no se descartan más
14 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Sparrow deja la acción para sentarse a analizar la ingente documentación recabada durante un operativo que, al menos en una de las oficinas inspeccionadas, se prolongó durante 36 horas. El Ministerio de Agricultura, promotor de la operación lanzada para indagar si hay vínculos entre los pesqueros que operan ilegalmente en la Antártida y determinadas empresas gallegas, dio en la tarde de ayer por finalizada la fase de registros en las sedes de las empresas supuestamente relacionadas con la actividad pirata. Una etapa que cerró con un aplauso a la labor desarrollada por profesionales de la Secretaría General de Pesca y de la delegación del Gobierno en Galicia, que apoyó a los funcionarios en el dispositivo que se desarrolló de forma coordinada y simultánea en empresas de Boiro, A Coruña y Ribeira.
No es, de todos modos, un cierre definitivo, puesto que el análisis en detalle de los papeles y los documentos electrónicos recogidos podrían derivar en nuevas actuaciones de inspección, así como «en la apertura inminente de varios procedimientos sancionadores en materia de pesca, ante la presunta comisión de múltiples infracciones muy graves», avanzan desde el ministerio en un comunicado. Se exponen a multas de 600.000 euros y a la retirada de las licencias.
No descartan tampoco «eventuales ramificaciones» de la operación Sparrow, que podrían suponer un apoyo fundamental para distintas investigaciones internacionales abiertas por países y organizaciones aliados contra la pesca ilegal y con las que España «está dispuesta a continuar cooperando estrechamente». Aunque no las cita expresamente, son las denuncias hechas por Nueva Zelanda, que ha pedido ayuda a la Interpol, y Australia, que abordó a finales del mes pasado al Kunlun, un barco que se supone que pertenece a Vidal Armadores, investigada en el marco de la Sparrow.
Agricultura considera que este operativo constituye un éxito para todo el sector pesquero español y demuestra su compromiso en la lucha contra la pesca ilegal.
España podrá castigar la pesca ilegal en alta mar si no actúa el Estado de bandera
El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto propuesto por Agricultura que fija el régimen sancionador en materia de pesca marítima en aguas exteriores. El reglamento desarrolla los cambios habidos en el campo de la penalización de las infracciones pesqueras tras la reforma de la Ley de Pesca Marítima.
El nuevo marco simplifica y agiliza la actuación administrativa para facilitar una respuesta más rápida y eficaz en el ámbito de los procedimientos sancionadores. Fomenta, además, la tramitación abreviada de los expedientes, así como de los mecanismos para concluir los procedimientos voluntariamente, regulando la reducción de la sanción por pronto pago.
El real decreto también traspone a la normativa nacional las disposiciones del reglamento comunitario de lucha contra la pesca ilegal y, así, permite que España incoe procedimientos sancionadores por infracciones de pesca ilegal internacional cometidas fuera de la jurisdicción española y por barcos de otro pabellón, siempre que se obtenga el consentimiento del Estado que da bandera al barco.
Poderes al secretario general
La nueva normativa también destaca la posibilidad que incluye de que el secretario general de Pesca ordene el inicio de un expediente y designe instructor para el mismo. Eso sí, solo podrá hacerlo de manera excepcional y siempre por circunstancias motivadas que lo hagan conveniente por la trascendencia de la infracción en cuestión.
Los oficiales del «Thunder» son españoles, según Sea Shepherd
La organización ecologista Sea Shepherd -que en el marco de su operación Icefish, contra la pesca pirata de merluza negra en el Antártico, ha acosado al Kunlun, al Yongding, al Songhua y al Thunder- elogió la operación que han lanzado las autoridades pesqueras españolas contra las empresas que se lucran de la actividad ilícita, que interpreta como señal de que se está tomando conciencia de los perjuicios de esta lacra.
Los conservacionistas, que llevan 87 días pegados al Thunder, están convencidos de que detrás del pesquero con bandera nigeriana hay intereses españoles. Es más, Peter Hammarstedt, capitán del Bob Baker, el buque que hostiga desde diciembre al pesquero que atribuyen a una empresa de Ribeira, distinta a Vidal Armadores, dijo que por las pruebas reunidas en la persecución han llegado a la conclusión de que «la mayoría de los oficiales que están a bordo del pesquero son españoles». Y lo más probable es que gallegos.