El Gobierno gallego redobla su ofensiva jurídica para hacerse con la gestión de la costa cuanto antes
SOMOS MAR
Rosa Quintana: «En Madrid non nos entenden»
14 jul 2022 . Actualizado a las 04:45 h.Si, como parece, Madrid no se cree los informes de los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia que dicen que es posible obtener las competencias de gestión del dominio público-terrestre sin modificar el Estatuto de Autonomía, el Gobierno gallego buscará otros. Otros independientes.
El presidente autonómico, Alfonso Rueda, acompañado de las conselleiras de Mar, Rosa Quintana, y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y flanqueado por representantes de la cadena mar-industria, anunció ayer en Vigo que el Ejecutivo gallego va a solicitar un informe al Consello Consultivo de Galicia para que se pronuncie al respecto.
Poca duda le queda de que este órgano reforzará la opinión de sus asesores jurídicos, que entienden que ese traspaso de competencias puede hacerse mediante un decreto o una ley orgánica, pero, sobre todo, puede hacerse sin modificar el Estatuto de Autonomía de Galicia, al contrario de lo que sostiene el Gobierno central, reticente a entregar a la comunidad autónoma poderes para gestionar el dominio público marítimo-terrestre.
Conseguir esa transferencia después de más de un decenio sin solicitar ninguna se ha convertido en perentoria por las sospechas de que el Gobierno central, en concreto Transición Ecológica, quiere «eliminar calquera vestixio de presenza humana da costa sen avaliar as consecuencias que esas decisións poden ter na economía e na poboación das zonas costeiras», explicaron los líderes autonómicos. Y ahí, a Galicia le van los cuartos.
Viabilidad en riesgo
Rueda, Quintana y Vázquez trasladaron a los responsables de la Confederación Mar-Industria Alimentaria, que engloba a cofradías, depuradoras, cocederos, conserveras, etcétera, su apoyo en defensa de sus intereses. Intereses que se han visto en peligro en varias ocasiones desde el 2019, a raíz de las decisiones que llegan con sello de Transición Ecológica y que ponen en riesgo la viabilidad de muchas empresas instaladas en la ribera. «En Madrid non nos entenden», dijo la conselleira de Mar para censurar que la administración de la costa «se decida a 600 quilómetros da comunidade e que se estean a poñer en marcha de xeito pouco transparente distintos proxectos que pretenden restar dereitos ás empresas e ao conxunto da cidadanía».
El último, que no el único, llega del plan estratégico del litoral que se cocina en los despachos que dependen de Teresa Ribera. Una iniciativa que, dijo Ángeles Vázquez, se ha elaborado sin consultar a los sectores afectados ni a las comunidades autónomas y a la que solo pueden presentar alegaciones, hasta el viernes de la semana que viene (el día 22), las Administraciones, una «mostra máis do escurantismo co que está a actuar o Goberno central, pois non quere a participación do conxunto da cidadanía, nin transparencia», dijo la responsable autonómica de Medio Ambiente. Y para medioambientalistas, «nós», apostilló Quintana, que recordó que Galicia lleva «siglos» trabajando en ese sector «con el máximo respeto al medio ambiente». Por eso, porque le van en ello los cuartos.
Azuza a concellos y fuerzas vivas del litoral
El Gobierno gallego ha empezado a adoptar el lenguaje bélico ante los continuos sobresaltos con los que Madrid sacude a la costa. Así, está incitando a los concellos de litoral y también a las entidades afectadas a «que se rearmen e tratar de parar» el plan estratégico del litoral que diseña el Ejecutivo central «coa forza social, a acción política e a vía lexislativa».
Quintana y Vázquez resumieron el historial de sustos y amenazas que de un tiempo a esta parte han creado inseguridad jurídica en la costa. Empezando por el intento de modificar el reglamento general de Costas para endurecer los requisitos para la obtención y renovación de concesiones en el litoral, un proyecto que tuvo que retirar por la contestación social.
A continuación llegó la Ley de Cambio Climático, en el que logró parte de lo que pretendía con la anterior modificación y fijó en un máximo de 75 años la duración de la ocupación, aunque ese límite solo rige para las otorgadas después de la aprobación de esa ley.
Y ahora llega el plan estratégico del litoral, que también «pon en risco a actividade das empresas do sector» y también les «xera inseguridade xurídica», apuntan desde el Gobierno autónomo.
Juan Vieites, presidente de la Confederación Mar-Industria, admitió la preocupación de un sector que no puede trasladarse de la costa porque la necesita. De ahí que se jactase de ser «los primeros medioambientalistas, que queremos dejar para el día de mañana las rías en un buen estado».
