Iván López: «"Como no me pasan los datos, hago una ley injusta". Mire: esto no funciona así»
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El presidente de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA) arremete contra la actuación de la Comisión y destaca la unidad que las 87 vedas han forjado en torno al sector
12 oct 2022 . Actualizado a las 17:13 h.Cuando Iván López van der Veen empezó a verse envuelto, por profesión, en los enredos pesqueros de Bruselas fue con la negociación del reglamento de aguas profundas. Precisamente. Estos lodos en forma de vedas vienen de aquel polvo. Recuerda las peleas para evitar barbaridades como la de prohibir el arrastre y otras artes en fondos de 200 metros. Y rememora la piña que hicieron los eurodiputados españoles para frenarlo. Hoy revive la pesadilla aquella en forma de 87 vedas que el jueves veía muy difícil revertir. Y tanto, ya están hechas.
—Lo daban por seguro, pero finalmente España va a actuar por la vía jurídica...
—Estamos muy contentos. El recurso va a ir adelante, como ha confirmado el ministro de nuevo. Queremos ver los argumentos que se van a utilizar, no por examinar a la abogacía del Estado, sino para asegurarnos de que, en caso de que haya más de un recurso, estén alineados.
—En caso de que haya más de un recurso... ¿La industria no va a presentar recurso?
—Soy presidente de una asociación de escasa entidad jurídica a esos efectos y no podría presentarlo. EBFA, la Asociación Europea de Pesca de Fondo, sigue recomendando tanto en Europa como en España que se presenten recursos y estamos trabajando recopilando argumentos jurídicos para armarlos, pero si no es una empresa, no veo cómo justificar la demanda para que el tribunal la acepte a trámite. Y esto es fundamental. Hay que ser pragmáticos. No se trata de tirar foguetes al aire, sino de que funcione. Una empresa que será el vehículo, luego el esfuerzo debe recaer en todos.
—¿Hay alguna que tenga más probabilidades contra un gigante como la Comisión Europea?
—Por poder, cualquier barco que esté afectado por las vedas podría considerarlo. Primero alguna tiene que dar voluntariamente el paso y demostrar que de verdad está afectada. Esto es fundamental para pasar el primer filtro y llegar a donde queremos, que es a que se estudien los argumentos legales. Porque si no se admite a trámite, se pueden tener los mejores argumentos del mundo, que nadie los va a leer.
—¿Hay base?
—A ver, nadie cuestiona el reglamento del 2016 sobre aguas profundas. Está en vigor y contiene la obligación de identificar los ecosistemas marinos vulnerables entre 400 y 800 metros para protegerlos. Está clarísimo. Como también lo está que la Comisión tiene la obligación de ejercer tal acto y, además, creo que represento a la inmensa mayoría del sector cuando digo que consideramos que es bueno y necesario hacer todo aquello que signifique una mejora en la salud de los mares que al fin y al cabo de ahí vivimos nosotros. Dicho esto, ¿dónde está el problema? En que es una ley mal redactada, perezosa, en el sentido de poco trabajo, y poco clara. La prueba es que hasta el día de hoy [jueves] aún estamos debatiendo si se aplica o no entre 0 y 400 metros. La Comisión, ahora una guerra en Twitter, ha confirmado algo que había dicho con la boca pequeña el 26 de julio, en la reunión que hubo con todo el sector, ya lo había escrito en el artículo de La Voz la representante de la UE en España el pasado domingo —hasta dos veces mencionaba la profundidad—... Por tanto, estaba claro. Este anuncio no es una sorpresa. Es grato que sea oficial y es muy grata la confirmación de que España lo va a aplicar así. Es lo que esperábamos, y creemos que también va a ser como lo aplique Portugal, Francia e Irlanda. Aún no hemos tenido ninguna comunicación al respecto, pero en reuniones informales que hemos tenido sí se ha confirmado que ellos interpretaban el reglamento de esa manera. Está muy bien, pero seamos sinceros: las 87 zonas siguen ahí, no hay ninguna que se haya desactivado
—¿Ninguna? Porque se había asegurado que había algunas en las que ningún fondo estaba por debajo de los 400 metros?
—Se supone, pero las 87 zonas siguen ahí. En los puntos en los que la profundidad sea entre 0 y 400 metros no se aplica la prohibición. Es lo que se nos dice. Ya me gustaría a mí que la Comisión lo hubiese dicho así de claro porque no lo ha dicho así. Ha dicho cosas como: ‘bueno', ‘el reglamento es claro al respecto'...
—¿Hay base?
—A ver. Nadie cuestiona el reglamento del 2016 sobre aguas profundas. Está en vigor y contiene la obligación de identificar los ecosistemas marinos vulnerables entre 400 y 800 metros para protegerlos. Está clarísimo. Como también lo está que la Comisión tiene la obligación de ejercer tal acto y, además, es algo bueno porque mejora la salud de los mares. ¿Dónde está el problema? En que es una ley mal redactada, perezosa, en el sentido de poco trabajo, y poco clara. La prueba es que hasta anteayer estamos debatiendo si se aplica o no entre 0 y 400 metros. Se ha aclarado que no, pero seamos sinceros: las 87 zonas siguen ahí, no hay ninguna que se haya desactivado
—¿Qué argumentos utilizarán?
—Los argumentos jurídicos van a la calidad legal del documento, a la falta de claridad y determinación, al exceso desproporcionado de prohibición en cuanto al tamaño de las áreas y, sobre todo, a casos como el español. No entramos en el debate de los datos porque es una cosa que jurídicamente no tiene tanta importancia. Sí la falta de consulta y, sobre todo, porque no hay ningún informe científico que justifique las vedas, en el caso del palangre más bien todo lo contrario y en España las aguas territoriales españolas hay programas, que son el Indemares e Intemares, financiado por los fondos Life de la UE, que son públicos, que está en las páginas web, y en las que uno puede ver las zonas perfectamente identificadas, muchísimo más elaborado y preciso que lo que maneja la Comisión. Pero ellos han decidido ignorar eso, lo cual es contrario a los tratados, porque si usted dice que va a usar la mejor ciencia, úsela y no venga con excusas de mal pagador diciendo: ‘es que no me mandaron el correo', es que no me dijeron esto… Eso es su problema. Los tratados no dicen que es la mejor ciencia disponible según el correo que me haya mandado menganito. No, dicen: la Comisión tendrá que utilizar la mejor ciencia.
—¿Sabe si el problema fue por falta de datos de España?
—Si se mandaron datos o no, como sugirió el comisario… Todos y cada uno de los barcos de la flota europea tienen que reportar su posición cada 15 minutos, decir si está pescando, cuando acaba el lance, lo que ha pescado, lo que descarga... Es la ley de hace 30 años en Europa, y el que no la cumpla tiene un problema grave, por eso se está cumpliendo. Esos datos nosotros los transmitimos y perdemos el control de los mismos. Las discusiones que tengan los Estados miembros con la Comisión es un problema de ellos. Desde luego, lo que no cabe en ningún régimen constitucional democrático es que una Administración diga: ‘Como ese no me pasó los datos, voy y hago una ley manifiestamente injusta para fastidiar al administrado' Mire, no funciona así. Eso es de lo que acusan a Putin y a otros de hacer, y deberían tener cuidado. Es el mayor error que ha hecho la comisión. A mí, que no me cuenten milongas, nosotros producimos millones de datos todos los años, datos y datos. Si después de 30 años no hay un sistema eficiente para que estén a disposición de quien tienen que estar, pues entonces dimitan, váyanse a su casa y que vengan otros que sepan hacer su trabajo.
—¿Se suaviza realmente el impacto a la pesca ahora que está claro que quedan libres del veto los fondos de entre 0 y 400 metros?
—No se suaviza porque la Comisión está diciendo que nunca se iba a aplicar en esas zonas. Lo que nos sacamos de encima es una burrada que creíamos que iba a ser cometida y que al final no lo va a ser: que es aplicar la ley en rangos de profundidades que no correspondían y demasiado cercanos a la superficie. ¿Esto qué significa? Pues que había una espada de Damocles encima de muchísimos barcos, sobre todo de la flota costera y ahora quizás le podamos llamar puñal de Damocles. Es decir, la amenaza sigue ahí. Hay afectación y no es pequeña, pero ya no es tan grave. Me explico: en el golfo de Cádiz, si hubiesen aplicado los cierres totalmente, el desplazamiento de flota habría sido brutal. Hay muchísima gente que hubiese tenido verdaderos problemas para pescar y teniendo en cuenta que son barcos pequeños, y de mucha cercanía, incluso habría que plantearse si era posible el desplazamiento a otras zonas. Esto ya no es así, pero los caladeros de gamba y gamba gorda, que es la que más precio tiene, siguen estando cerrados, ya que entran en la categoría de datos que no usó la Comisión en el 2011 y, por tanto, no fueron considerados en las zonas altamente productivas. Si utilizan los datos más recientes en la próxima evaluación, esos barcos debieran recuperar sus caladeros. Y digo recuperar porque, de momento, los van a perder. En la cornisa Cantábrica, que es tan accidentada por abajo como por arriba, el caso es similar. Hay muchas zonas de pesca que están en profundidades entre 0 y 400 metros. Ahí sí que se clarifica la situación y volvemos a la imagen del puñal, porque también hay algunos que faenan a más de 400 metros que están afectados en este caso por un exceso de tamaño del cierre, que si se aplicasen ahora los datos de actividad y los de los proyectos Intemares e Indemares, que detalla con mucha más precisión los ecosistemas marinos protegidos no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque esas zonas ya están cerradas, pero en un coto más pequeño, de forma que se permite la protección de los hábitats vulnerables y se permite la captura de pescados como el besugo y otros pescados de profundidad que justo estamos en la época en que se consumen, que es la Navidad, y suponen una parte importante en la facturación de esas pequeñas empresas. Gran Sol es la otra gran área. Ahí el arrastre queda menos afectado —aunque todavía faltan datos de actividad derivados de los cambios postbrexit— porque las zonas que usa son más estables, son las mismas que en el 2011, y por tanto muchas de las zonas productivas fueron salvadas de estos cierres; otras no. También es verdad que hay pesquerías que son más recientes en esas áreas, como es la de pota, que van a estar afectadas porque para capturarla hay que bajar un poco más y en este caso estarían afectadas por los cierres. Por tanto, no es la panacea, sigue habiendo afectación y demás. Luego está el caso del palangre, que eso es para nota, es una escabechina y nada de esto le ayuda, le puede aliviar un poco, pero el caso de ellos sigue siendo auténtica espada de Damocles.
—¿Se libra algún barco que pesque a más de 800 metros?
—Por debajo de ese límite el arrastre ya está prohibido y el enmalle también. El pincho no suele, pero sí puede sobre 500... Además, está el desplazamiento de los aparejos. El problema es, sobre todo, porque los cierres se han ejecutado en zonas altamente productivas para el palangre, pero, como dijo el ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar), no tiene un modelo para proyectar esto sobre la cartografía. No tienen ciertos modelos, podrían desarrollarlos y vuelvo a referirme a ese gran número de La Voz de Galicia que fue el del domingo pasado, en el que teníamos la carta de la funcionaria de la Comisión y la entrevista a Pablo Abaunza, jefe de Pesquerías del IEO (Instituto Español de Oceanografía) que explicaba perfectamente cuáles eran las limitaciones que tenían los científicos para hacer esos modelos con el palangre y, como decía él, en estos casos, la solución compatible con la mejor ciencia hubiese sido acabar ese estudio y aplicarlo cuando esté hecho. No digo de no cerrar zonas ni nada parecido, hablo de hacerlo con más precaución social y más precaución económica.
—¿Se puede revertir este acto de ejecución?
—Va a entrar en vigor. No hay nada que lo pare. Podríamos hablar de la posibilidad de una suspensión cautelar por parte del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que no ha quedado claro por parte del ministro si lo van a presentar o no. Nosotros, como industria, tenemos que estudiarlo, pero la realidad es que hay muy pocos precedentes de que una suspensión cautelar haya funcionado. Y más si es presentada por la industria. En algún caso, los Estados miembros han tenido más suerte... Debido a la peculiaridad jurídica de la pesca y la acuicultura, que es exclusiva de Bruselas, se le atribuye el beneficio de la duda en favor de la Comisión. Por tanto, sí estoy de acuerdo en que hay que pedir la suspensión cautelar, pero también sé que es muy difícil que se consiga.
—En el Parlamento Europeo han pedido una suspensión del acto de ejecución, ¿podría tener éxito?
—Lo veo difícil porque la ley está publicada. No soy jurista, pero veo pocas vías mediante las cuales la UE pueda dar marcha atrás aun decreto. Recordemos que la Comisión Europea no tiene la autoridad legislativa en pesca. Eso no es lo que quiere decir tener las competencias exclusivas, lo que quiere decir es que tiene el derecho de iniciar legislación. El Ejecutivo es el que propone la legislación, pero los que la aprueban o rechazan o la enmiendan son el Consejo y el Parlamento, que es lo que se llama codecisión. Cuando no hay una aprobación por rechazo total se habla con la Comisión en los Trílogos, porque esta tiene una potestad, que es que si ve que no se ajusta a lo que quería, puede retirarla y por lo tanto no ha lugar a la legislación. Eso no va a pasar ahora porque ya pasó en el 2016. La Comisión tiene una delegación explícita de identificar los ecosistemas marinos vulnerables y protegerlos. Lo ha hecho. Mal, pero lo hecho. Y luego, cada año, debe revisar su decisión en base a un nuevo informe del ICES. Eso es lo que puede hacer. Puede prometer acelerar la decisión en base al informe del ICES de noviembre, puede intentar acortar plazos o demás... Pero nunca va a ser antes de seis meses. Esa es la realidad: que lo que entra en vigor ahora va a estar en vigor aplicado hasta esa fecha. La Comisión puede decir como ha hecho: ‘yo aquí quise decir esto, aplíquelo de esta manera'. Pero está claro que de 400 a 800 metros lo que aplica es una prohibición.
—¿A qué cree que se deben esas prisas por aprobar algo que podría cambiar en unos meses?
—Leo en las redes sociales muchas quejas de algunas situaciones en torno a los recursos marinos. Incluso se nos acusa de que somos antiocéanos... Mire, yo creo en los derechos constitucionales, es lo único que nos separa de otros regímenes que vemos en la televisión muy recientemente. La ley lo que dice es que están ahí los tribunales. Y los mismos que nos critican aparentemente amenazaron a la Comisión al decir que ‘lleva 4 años mínimo de retraso desde el límite de dos años que le dieron en el 2016... Como no lo está haciendo, la voy a demandar', porque la inacción también es denunciable. Y la Comisión sopesó: ‘Bueno, si me van a demandar las oenegés, prefiero que me demande el sector porque queda mejor'. De ahí han salido unas prisas tremendas, un corta y pega de un informe científico, aunque lo quieras no es una ley, hay que traducirlo a un lenguaje legal y sobre todo a un lenguaje legal compatible con los tratados y, además, implementable. Eso fue lo que no se hizo. La Comisión Europea ha hecho una elección política entre hacer una chapuza y contentar a ciertos sectores o retrasarlo un poco más y afinar un poco en lo que tenía que haber hecho, lo cual es una pena, porque ahora nadie está contento y desde luego, las oenegés, haga lo que haga la Comisión, la van a seguir atacando por esto. Mi apuesta es que, en los próximos 15 o 20 días, vamos a ver comunicados de las oenegés diciendo que somos unos irresponsables y criminales porque estamos pescando dentro de las 87 áreas protegidas, obviando eso de las profundidades. Esa es mi apuesta. He de decir que es una apuesta que me encantaría perder.
—¿Esta contestación conseguirá al menos que se empiece a tener más en cuenta el aspecto socioeconómico de la pesca?
—La comunidad pesquera —porque definirme a mí mismo como pescador me parece pretencioso yo no soy pescador, trabajo para los pescadores y es un orgullo hacerlo así— siempre ha tenido un problema grave: que es gente muy dedicada a su trabajo está lejos de casa y, además, fuera de tierra; y cuando llegas a casa lo que no se le puede pedir a la gente es que, en vez de dedicar el poco tiempo que tienen a descansar y a estar con sus familias, se dediquen a hacer entramados jurídicos y todo esto. Estamos llegando a punto en que los temporales en tierra son peores que los del mar, me lo dice mi capitán. Lo que estamos llegando es a un convencimiento de que hay intereses espurios en la Comisión, sean interesados o no. Cada vez tiene unos funcionarios que conocen menos la pesca y menos la quieren conocer. Cada vez viajan menos, por eso de cuidar el medio ambiente. Y también estamos en una Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG-Mare) con menos personal y menos cualificado. Eso está generando que ciertos grupos de presión, que tienen todo el tiempo del mundo, que anda en bicicleta y viven en Bruselas, hablando de tú a tú con el comisario, y haciéndole tuits y todo esto... No olvidemos que la comisaria anterior, Maria Damanakis, salió del puesto en Bruselas y se fue a trabajar a una oenegé americana y ahora está en la Rockefeller Foundation. Está en su perfil. Estas cosas están pasando, si esto hubiese sido un comisario de telecomunicaciones y se pasa a una compañía de estas sería un escándalo. Lo que pasa en el sector es que nos estamos damos cuenta de que nos está cayendo las del pulpo. Y de lo que se ha percatado toda la comunidad pesquera es que tiene que tenemos que ser agresivos, más asertivos en la defensa de nuestros intereses y desde luego estamos perdiendo muchos complejos. Lo que sí es nuevo y debería ser un ejemplo para todos los futuros casos es la unidad del Gobierno, comunidades autónomas y sector todos peleando en la misma dirección.
—Habían anunciado movilizaciones, ¿las habrá?
—Hasta ahora hemos estado centrados en esperar a ver qué pasaba el día 9, en la estrategia para presentar los recursos jurídicos y demás. A partir de aquí, efectivamente este ejercicio teórico pasa a ser un ejercicio práctico total y real y veremos cómo evoluciona. Desde luego creo que hay que dar una visibilidad física al descontento del sector con la Unión Europea.
—Físico, porque verbal tengo entendido que ya se lo ha dicho a Charlina Vitcheva cuando en julio visitó Galicia.
—Creo que una de mis características es la vehemencia en mayúsculas y negrita. Aquel día me costó mucho templarme y no expresar mi enfado, que no es otro que el que me van transmitiendo todos los representado de la plataforma. Y sobre todo el desprecio con el que la señora Vitcheva, sentada entre Alicia Villauriz [secretaria general de Pesca del Gobierno español] y Rosa Quintana [conselleira de Mar] decía que todos lo problemas eran de quienes implementaban las reglas -que no eran otras que las que estaban a su lado- y que en ella se podía confiar porque, diferencia del resto de la gente, ella no era política. A mí, ese lenguaje me da mucho miedo y me recuerda a los tiempos de su país antes de la caída del muro de Berlín. Les recuerdo que la señora Vitcheva es de Bulgaria.
—Decía la secretaria general de Pesca que en esta temporada las vedas, sin dejar de ser lesivas, no lo eran tanto a tenor de la actividad de la flota. ¿Es así?
—Depende a quien se le pregunte. Sin ánimo de debates, solo digo que el 9 de octubre está muy cerca de la Navidad y la Navidad es el cuando más se factura en el sector del pescado fresco, que es el más afectado por esto.
—¿Se verán barcos amarrados?
—No me gusta hacer esas predicciones, porque tengo una fe muy grande en el sector pesquero. Al final, el sector pesquero siempre me sorprende cómo sobrevive y cómo encuentra otra manera de llegar a alimentar a los españoles y a los europeos, pero me temo que veremos un golpe muy duro. Y, sobre todo, es un golpe anímico muy duro. Como me decía también un armador: el problema no es tanto si tengo que parar como volver a arrancar. Es que si paro pierdo las tripulaciones y cuando quiera volver a arrancar, no voy a poder. Ese es también el problemas. Ya hay tripulaciones de barcos afectados que han dicho que tienen que buscar habas en otros sitios, porque se van a reducir los ingresos.