Inspectores de Pesca Marítima irán a la huelga si no se les mejora el salario ni su seguridad

El año pasado, más o menos por estas fechas, los inspectores de Pesca Marítima del Estado —167 trabajadores; 32 en Galicia— convocaron la primera huelga de toda su historia. A la cabeza de las reivindicaciones: que se reconozca que realizan un trabajo que requiere 24 horas de disponibilidad y que ese servicio se remunere como tal, en lugar de recurrir a parches imponiendo horarios y orquestando compensaciones que, aseguran, vulneran la normativa comunitaria. Pero no era la única demanda. La mejora de la seguridad era otra de las reivindicaciones que sacaron a la calle a los inspectores. Un año más tarde, estos funcionarios se encuentran en un punto similar al del año pasado y ya han convocado varias concentraciones que han hecho coincidir con el arranque de la costera de la xarda — entre el 12 y el 25 de marzo—, previas a una huelga general.

Desde Apipes, la asociación de inspectores, explican que las negociones se interrumpieron de forma unilateral por parte de los ministerios de Pesca y de Política Territorial a mediados del 2023 y hoy se siguen pagando a 0,69 euros brutos la hora de disponibilidad y se siguen enviando a los barcos a inspectores sin formación en prevención y seguridad marítima.

Por eso creen que es hora de retomar unas protestas que aparcaron primero para conocer la composición del Gobierno y, después, esperando por el nombramiento de la directora general de Ordenación Pesquera, cargo que recayó en Aurora de Blas. Aparte de la consideración del servicio de 24 horas, los inspectores reclaman una mejora en la evaluación de riesgos laborales, de la que debe encargarse una empresa especializada, y en la formación, pues, denuncian, se ha eliminado el curso en que se impartían los protocolos de acceso a un buque en alta mar en movimiento desde una embarcación de inspección. En este sentido, Apipes apunta que ese es precisamente el momento más peligroso de una inspección en el mar y, de hecho, ha sido causa de varios accidentes en los últimos años, «tal y como señalan los informes que analizan las causas de dichos accidentes», señalan en un comunicado.

En cuanto a las carencias de formación, resaltan que, en su día, se denunció ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Socia que se encargaban trabajos a inspectores que carecían de cursos exigidos o tenían los certificados caducados y, a pesar de que desde ese organismo se exigió que se abandonase esa práctica, continúan haciéndose, según el colectivo, con el peligro que eso conlleva.

Asimismo, explican que como solo se ofrecen 0,69 euros brutos por la hora de disponibilidad, la mayoría de los inspectores rechazan el encargo y, según Apipes, ese dinero público se emplean para otros fines, «como favorecer a determinados jefes de servicio, que en algunas ocasiones no realizan trabajo de campo o a inspectores que se presentan voluntarios aunque no realicen ninguna actividad que requiera de dicha bonificación».

Apipes ha sabido que la Comisión Europea ha sido informada de que las reivindicaciones del colectivo han sido atendidas y satisfechas, «estando esto muy alejado de la realidad», por lo que insta a Bruselas «a analizar los datos de las inspecciones realizadas por España, así como la falta de cumplimiento de determinados compromisos adquiridos, la calidad de las actas enviadas y las denuncias presentadas por el sector ante la falta de atención prestada por falta de disponibilidad de los inspectores de pesca». Los inspectores solicitan, asimismo, que se analice el motivo por el cual la media de permanencia en el puesto de inspector de pesca es de unos 5 años.

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