«Alguien debería decir que el veto a los descartes fue un error y pedir disculpas»

Que todo apunte a que en la próxima estructura del Ejecutivo comunitario la Pesca se desgaje de esa materia transversal que es el Medio Ambiente y vaya a haber una persona encargada específicamente de esta cartera —Von der Leyen, dixit— ha despertado ciertas esperanzas en el sector pesquero de que las cosas puedan cambiar para mejor. Es un optimismo generalizado, que atañe tanto a la gran altura, a la altura, al litoral y a la bajura. Esta llevó sus posiciones a través de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) al último encuentro que mantuvieron con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, hace unos días para sentar las prioridades de cara al nuevo ciclo comunitario que arranca ya.

Basilio Otero, presidente de la FNCP, se quedó con la propuesta de simplificación normativa que lanzó el ministro, imprescindible para el buen funcionamiento del sector y poder acceder efectivamente a la financiación del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa). No obstante, sitúa entre las prioridades la revisión de la política común de pesca (PCP) con el foco puesto en dos cuestiones concretas, sendas medidas estrella de la última reforma: el rendimiento máximo sostenible  (RMS) y la obligación de desembarque (OD).

Alcanzar los niveles sostenibles es relativamente fácil cuando la captura se dirige a una sola especie, pero en el caso de pesquerías mixtas «es una utopía» y así debería entenderlo la UE, que la pesca «no son matemáticas».

Pero, sin duda es la obligación de desembarque lo que trae más de cabeza a la flota. «Ningún pescador quiere pescar lo que no necesita», señala la FNCP, que apunta que «la estructura y recursos alrededor de esta obligación es inaudita, añade más burocracia a la actividad de los pescadores y requiere un gasto en recursos y esfuerzos que no sirven para nada». Al entender de las cofradías, este imperativo debería ser reconsiderado, dado que las capturas «están ya perfectamente documentadas, incluidos los descartes que se realizan».

Es más, apuntan que es una medida que causa problemas a los pescadores y ningún beneficio a los ecosistemas. «Alguien debería decir que la obligación de desembarque fue un gran error y pedir disculpas a los pescadores por todas las molestias causadas», resalta Otero.

Otra de las cuestiones que figuran en el listado de prioridades es el reequilibrio de la sostenibilidad, para que no siga escorando hacia el lado medioambiental y cojeando en los aspectos sociales y económicos y de seguridad alimentaria. Esta es una apuesta que también ha hecho la Administración española, que exige que los informes biológicos que sustentas las decisiones de gestión pesquera se completen con estudios y análisis de los impactos económicos que generan las medidas y las consecuencias que tiene en las comunidades que dependen de esa actividad.

Instituto Económico y Social

Pero las cofradías van más allá: «Ante decisiones con tanta trascendencia, lo lógico sería que existiese un Instituto Económico y Social que recopilara datos de este carácter y los posibles impactos de la aplicación de las medidas de gestión pesquera en el tejido económico y social», sugiere Otero.

Otra cuestión de la política pesquera que debe revisarse es, a juicio de la FNCP, el concepto de capacidad de una embarcación, pues los límites actuales «no facilitan la mejora de la vida y el trabajo a bordo». Habiendo una gestión por cuotas, que marca lo que un barco puede pescar, «no tiene sentido» estar escatimando toneladas de arqueo o kilovatios cuando estos se necesitan para mejorar la habitabilidad de los buques y mejorar la seguridad a bordo de unas embarcaciones que superan de media los 33 años.

Las cofradías apuestan por una regionalización que facilite un «gobierno de proximidad»

Las políticas que emanen de Bruselas deben, desde luego, poner el acento en conseguir el relevo generacional y crear condiciones que atraigan talento y gente joven para trabajar en una flota renovada, sin tanta burocracia como ahora y con oportunidades de promoción, sostienen las cofradías. Ayudaría a eso también evitar la competencia desleal de terceros países, por lo que las cofradías exigen «controles exhaustivos tanto en origen como en las fronteras» y reducir el «casi 1 millón de toneladas de productos pesqueros que entran libres de aranceles en el mercado comunitario». A criterio de la FNCP, «la política común de pesca (PPC) no debería ocupar más de dos folios» para definir los objetivos generales; las particularidades de las diferentes pesquerías y áreas deberían ser abordadas por cada una de las regiones que merecen y necesitan una atención singular para propiciar un «gobierno de proximidad». En este sentido, sostienen que la flota que faena en aguas interiores de cada Estado miembro debería estar exento de totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas. Además, dado que la situación de los stocks varía, debería haber más flexibilidad para modificar los cupos que se marcan anualmente.

Revisar el reglamento de Control, que la UE reconozca la figura de las cofradías, una definición adecuada de lo que es pesca artesanal, revisar la estabilidad relativa —más urgente que nunca porque aprieta el cambio climático y desplaza a las especies— y fijar un límite de resiliencia del sector pesquero son otras de las exigencias para el nuevo mandato.

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