La pesca aboga por observar el cambio climático a la hora de repartir cuotas

El pescador Rogelio Santos asistió recientemente a un espectáculo en la ría de Muros-Noia que en los 30 años de mar que lleva a sus espaldas jamás había visto: dos atunes rojos del tamaño de un delfín «saltando fóra da auga». Una exhibición «preciosa», capaz de hacer olvidar, por un momento, que su presencia dentro de las rías constituye un serio problema para la flota gallega. Por la voracidad de la especie, por un lado, y porque apenas se dispone de cuota para capturarla. Se supone que los ejemplares entran en las rías porque las aguas están más cálidas que antes. Y que lo hacen persiguiendo a la sardina que, por cierto, en estos últimos dos o tres años «nunca se vira tanta». Por cierto que ahora, «están en novembro tan boas coma no verán», certificó Santos.

Desentrañar por qué ocurre todo eso es algo que requiere «maior inversión en ciencia» y más colaboración del sector, cree el marinero. Pero también «más flexibilidad» en el reparto de cuotas y una mejor adaptación a las necesidades de la flota por parte de la Administración, dado que «las especies no se comportan todos los años de la misma forma», sostiene Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), que aboga por observar el cambio climático y sus efectos sobre la dinámica de las especies a la hora de distribuir las posibilidades de captura. Y es que, «por primera vez, nos encontramos con que las enseñanzas de los antepasados no sirven, porque ya no se pesca como antes». No sirven las técnicas de siempre.

Repartir cuotas de captura siempre es un problema. Sobre todo cuando estas escasean. Ahí están los —en su día polémicos— casos de la xarda y el jurel. O las protestas por las estrecheces de la sardina. Y los apuros de antaño con el atún rojo. Cómo se reparten y qué criterios se deberían emplear en esa distribución centró recientemente una mesa redonda en el Congreso de los Diputados organizada por las asociaciones ambientalistas ClientEarth, Ecologistas en Acción, Environmental Justice Foundation (EJF), Greenpeace, SEO/BirdLife, Oceana y WWF. Entidades todas que abogan por una «transición hacia un modelo de pesca sostenible, de bajo impacto y viable desde el punto de vista económico», con más transparencia y en el que, más que los derechos históricos, pesen otros «criterios objetivos de carácter social, económico y ambiental». Cecilia del Castillo, de Ecologistas en Acción, verbalizó el deseo de las oenegés: «Que un 20 % de las cuotas y días de pesca se repartan de acuerdo a criterios ambientales y otro 20 % atendiendo a criterios sociales antes del 2030». A lo que Otero añadió la componente del cambio climático y José Pascual, doctor en Antropología Social, la huella de carbono o el relevo generacional.

Y hacia eso camina la Administración española, según apuntó Ramón de la Figuera, director general de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura y Pesca, que anunció que está en preparación un real decreto para la distribución de posibilidades de captura que desarrolla y prioriza los criterios recogidos en la Ley de Pesca Sostenible. No obstante, recordó la complejidad de un ejercicio que no puede perder de vista la historicidad en la pesquería y en el que hay que enlazar «la realidad biológica con una norma de gestión que, además, debe tener garantías legales; y a veces la flexibilidad es opuesta a la seguridad jurídica». Un encaje de bolillos que se intenta hacer. De hecho, España ya tiene siempre en cuenta el componente social e incluso ha comenzado a aplicar el ambiental al repartirlas.

Así, la foto fija de la pesquería se ha ido modulando con otros factores, como el número de tripulantes, los GT (arqueo bruto) del barco, la dependencia, el efecto sobre las comunidades costeras e, incluso, los citados criterios ambientales. Ha sido el caso del reparto del patudo, que se ha reservado un porcentaje para las flotas que tienen menor impacto en la captura de juveniles.

Pero cada pesquería tiene sus especificidades, explicó De la Figuera. En el caso del arrastre del litoral se ha hecho un reparto lineal, porque todos los barcos son parecidos; en el caso de la merluza, se ha tratado de que no haya más de 4 toneladas de diferencia entre buques, como había hecho ver Del Castillo; en el atún rojo, un barco no puede acumular más de un 20 % de las posibilidades... Y, después, está el mecanismo de optimización, aquel que a partir de septiembre redistribuye las cuotas entre los buques.

Es cierto que esta herramienta ha mejorado la gestión de los cupos, pero, a juicio de Basilio Otero, se requiere aún más flexibilidad y rapidez. Porque hay especies, como la xarda, a la que esa optimización ya le llega tarde. «No vas a coger xarda en octubre. Cómo hacerlo, no lo sé, pero hay que trabajar para que a final de año sea cero cuotas y que sea asequible para todo el mundo».

Evitar la concentración

En lo que sí coincidieron todas las partes es en la necesidad de poner límites para evitar la concentración excesiva de cuotas en un determinado segmento de flota e, incluso, de unos pocos barcos. José Pascual apuntó como esencial garantizar el acceso a la flota artesanal y advirtió que, «si se facilita la concentración de cuotas en pocas manos, se centralizará la actividad en pocos puertos, como ha pasado en otros países europeos, reduciendo la vitalidad económica de las comunidades costeras». También Del Castillo llamó a evitar que se acaparen las posibilidades de pesca, en lo que incidió Basilio Otero, que llamó a no privatizar lo que es un bien público, que debe repartirse entre quienes lo explotan, evitando generar derechos que después pueden usarse solo para que un armador se lucre y no sus marineros.

Más flexibilidad y agilidad para aprovechar al máximo los cupos

La portavoz de los ecologistas reclamó en el debate más transparencia a la hora de repartir las posibilidades de pesca y sugirió la posibilidad de abrir al público el portal Gestcuotas, que emplean la flota y la Administración para ver la evolución del consumo de cupos. Planteó, además, un sistema de participación abierto, con personal experto externo que ayude a establecer las prioridades en esa ponderación de criterios. Puso como ejemplo el caso de Irlanda, donde las cuestiones ambientales pesan ya un 50 % en la distribución. El director general de Pesca Sostenible expuso que todos los repartos van precedidos, en la correspondiente resolución, de la explicación sobre qué cuestiones se han ponderado; que abrir Gestcuotas al público en general puede chocar con la protección de datos, y que ya hay personal más que experto en la Administración, que lleva años haciendo repartos. Al mismo tiempo, llamó la atención sobre los riesgos de aplicar enfoques horizontales: «Se puede dar toda la xarda a la bajura, por ejemplo, y a final de año encontrarnos con que no es capaz de pescarla».

Pascual apoyó a De la Figuera en eso de que España es uno de los países más transparentes en el reparto de cuotas. Otero, por su parte, admitió la complejidad inherente al reparto, pero insistió en la agilidad y flexibilidad para atender situaciones como la auténtica «invasión de atún rojo». Pero ni ahí tiene España las manos libres; es Iccat la que gestiona.

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