La Xunta insiste en que demandará al Estado si no reclama el coste de limpiar el vertido del Toconao
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Medio Ambiente se ha dirigido a Transición Ecológica para conocer si ha iniciado el expediente para reclamar los gastos en un operativo que costó más de 2,3 millones de euros
18 abr 2025 . Actualizado a las 04:46 h.La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha remitido una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que reitera la solicitud de información sobre la reclamación por el daño ambiental y los costes generados por las consecuencias de la pérdida de un contenedor de pellets por parte del buque mercante Toconao frente a las costas portuguesas en diciembre del 2023.
El Ejecutivo gallego reclama en su misiva datos sobre la apertura de un procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental, que había solicitado ya formalmente en enero del 2024, en virtud del cual el Estado debería identificar a los responsables del suceso, la evaluación de los daños medioambientales, la definición de las medidas de prevención y reparación, así como la repercusión de los costes de las medidas adoptadas por las autoridades autonómicas y locales, explica la Xunta en un comunicado.
El Gobierno gallego dice en su comunicado que actuó con la «máxima celeridad y responsabilidad en cuanto tuvo conocimiento del suceso» (aunque los primeros pélets aparecieron en Ribeira el 13 de diciembre y el plan de contingencias no se activó hasta el 6 de enero), poniendo en marcha un dispositivo por tierra, mar y aire en el que, en algunos momentos, llegaron a estar trabajando 400 personas.
Este operativo, que actuó en más de 630 playas de 66 ayuntamientos costeros, tuvo un coste estimado para el Gobierno autonómico de más de 2,3 millones de euros, en cálculos de la Xunta, un desembolso económico que no tiene que ser asumido por las gallegas y gallegos, sino por los responsables de los daños causados.
Por eso, la Xunta exige de nuevo al Ejecutivo central que inicie el dicho procedimiento. De mantenerse el silencio del Ministerio, la Administración gallega presentará un recurso de alzada como paso previo a la interposición de una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa.