España lidera en Bruselas la oposición al presupuesto de pesca de la UE

El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ya anticipaba al inicio del Consejo de ministros del ramo, celebrado este lunes, una negociación «larga y complicada» sobre las propuestas de la Comisión Europea en el ámbito de la política agrícola y pesquera para los presupuestos del período 2028-2034. La postura de España fue rotunda: «No nos gusta esta propuesta y vamos a trabajar muy activamente todos para conseguir reformarla».

Sus homólogos de países como Portugal, Letonia, Países Bajos y Croacia se sumaron a esta postura crítica con la UE. El ministro portugués, Salvador Malheiro, fue el más duro, asegurando que la nueva propuesta representa «una perturbación imprudente frente al equilibrio que siempre ha tenido el presupuesto de la UE» y «fuerza el recurso a los fondos estatales». La propuesta de la Comisión reduce la asignación de la política agraria común (PAC) a unos 300.000 millones de euros, 78.000 millones menos que en el período anterior, y busca incluir la PAC y la pesca en un megafondo a disposición de cada Estado. El específico de pesca y acuicultura se reduciría así de 6.000 a 2.000 millones de euros.

Planas reiteró que el planteamiento del Ejecutivo comunitario «supone un cambio significativo del sistema actual y nos ha defraudado» porque «no contribuye ni a garantizar la seguridad alimentaria ni a la autonomía estratégica de la Unión Europea».

Durante el debate inicial, los ministros de Pesca destacaron la simplificación y flexibilidad del marco propuesto, aunque la mayoría expresó preocupación por los recursos limitados asignados para el período 2028-2034 y por la posible distorsión de la igualdad de condiciones debido a la integración de la política pesquera común (PPC) en el marco financiero general. El ministro español añadió que las competencias tienden a difuminarse, lo que, según él, impacta directamente en Estados miembros con estructuras descentralizadas, como España o Alemania. Es más, alertó de que la propuesta choca con el Tratado de la Unión mismo, puesto que la pesca, al igual que la agricultura, deja de ser una política común para convertirse en simples «programas de gasto presupuestario».

El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, explicó cómo pretende Bruselas que funcione el presupuesto, advirtiendo que los países tendrán que complementar los fondos pesqueros del presupuesto de la UE y las decisiones estratégicas están en sus manos. «Dependerá en gran medida de ustedes, los Estados miembros, aprovechar al máximo los fondos disponibles. Esto es solo un importe mínimo, los socios pueden aumentarlo» sentenció el comisario. Y añadió que el futuro presupuesto tiene «potencial de ir mucho más allá de los importes disponibles para 2021-2027». Pero esa estructura no convenció. Y menos a España, cuyo ministro expuso que eso precisamente rompe la igualdad en una política concebida como común e introduce distorsiones entre países.

Negociaciones pesqueras

Durante la sesión se abordó también la gestión de los stocks pesqueros compartidos con Reino Unido, Noruega y otros Estados costeros. Los ministros intercambiaron prioridades y definieron la orientación de la UE para las próximas consultas bilaterales y trilaterales, garantizando que la posición europea se apoye en la mejor evidencia científica y cumpla con los objetivos de sostenibilidad de la política pesquera.

Bruselas ya tiene la herramienta para castigar a Noruega u otro Estado si se autoasigna cuota

La Comisión Europea ya no tendrá excusa para cerrar su mercado a los productos pesqueros de países como Noruega o Islandia, que desde el 2018 —cuando expiró el acuerdo de reparto de cuotas en el Atlántico nororiental— se asignan unilateralmente los cupos que consideran que necesita su flota. El visto bueno que el Consejo de la UE ha dado al reglamento sobre medidas para actuar contra países no pertenecientes a la UE que permitan prácticas pesqueras no sostenibles dota de munición al Ejecutivo comunitario para actuar contra los Estados que no cooperen para salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces compartidas, ocasionando así una competencia desleal a los pescadores europeos que sí velan por el mantenimiento de los stocks.

Esa herramienta, que podrá empezar a emplearse 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE), permite al Ejecutivo identificar países no cooperantes a los que aplicar «restricciones a las importaciones de pescado y productos pesqueros de dicho país, así como medidas específicas para determinados buques o flotas del tercer país en cuestión».

Precisamente, el ministro de Pesca español advirtió ayer sobre la entente que están formando Noruega, el Reino Unido y las Feroe, dejando al margen a la UE, y subrayó que asignaciones unilaterales de caballa y bacaladilla que se hacen son «inaceptables».

---

---

---