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La CEG apunta la necesidad de un marco financiero europeo que apuntale la cadena mar-industria

somos mar REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

Martina Miser

Instan a la Xunta, al Gobierno central y a Bruselas a activar los subsidios del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) para compensar a la transformación por la muerte del marisco

02 dic 2025 . Actualizado a las 04:46 h.

La Comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha mostrado su inquietud por el planteamiento que la Comisión Europea ha hecho para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028?2034, pues teme que esos cambios en el presupuesto puedan «suponer un importante varapalo para el sector en su papel de vertebrador del territorio». Esos Planes de Colaboración Nacionales y Regionales (PCNR), instrumentos que integrarían políticas como cohesión, agricultura, pesca o empleo bajo un mismo marco estratégico, suscita preocupación «por el riesgo de una mayor centralización en los estados miembros y la posible pérdida de visibilidad de prioridades territoriales específicas».

Ni que decir tiene que la CEG apoya la declaración impulsada por la delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR) que reclama salvaguardas para asegurar la participación regional, la transparencia y la continuidad de la inversión en todas las regiones, incluidas las más desarrolladas y en transición. No solo eso, sino que, además, ha organizado una jornada sobre El nuevo Marco Financiero Plurianual 2028?2034: La visión regional y empresarial de Galicia en el debate europeo, con el objetivo de analizar los impactos del MFP desde la perspectiva regional y empresarial, así como debatir sobre las oportunidades y retos que plantea para Galicia en el marco de la política europea. Será este viernes y contará con el consejero económico de la Comisión Europea en España, Eduardo Gómez Casado, y con el director xeral de Cohesión e Fondos Europeos, Ángel Luis Tarrío Tobar.

Asuntos pendientes

La preocupación por el futuro marco financiero fue expuesta en una reunión convocada para hacer balance y poner en común las inquietudes del sector, que son muchas y variadas: las deficiencias regulatorias para la legalización la cadena de transformación en la zona de servidumbre de protección de costas; la situación actual del proceso de aplicación de la Lei do Litoral; el proyecto de ley de simplificación administrativa medioambiental; la caída continua de la demanda de productos pesqueros y acuícolas en los últimos cuatro años; el canon de Portos de Galicia...

La Comisión Mar Industria de la CEG ha puesto el foco en la necesidad de incentivar el consumo y recuerda que «el precio sigue siendo el principal indicador que elige el consumidor», por lo que insisten «en la necesidad de la rebaja del IVA de estos productos, una aplicación de la fiscalidad saludable». También creen urgente la necesidad de «una campaña potente a nivel nacional, más allá de las autonómicas» para incentivar el consumo. Asimismo, valoran positivamente la campaña Bono Peixe y piden continuidad para este tipo de acciones.

Ayudas por la muerte del marisco

La CEG insta a la Xunta, al Gobierno central y a la Comisión Europea a desbloquear y canalizar las ayudas del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) para compensar a la industria de transformación por el descenso de la producción de bivalvos tras el episodio de precipitaciones excepcionales, ocurrido en el 2023, que causaron mortandades masivas en la producción de bivalvos y pérdidas significativas. Según explican, «cabe aplicar ayudas también a los transformadores», de ahí que apelen a las Administraciones a que las activen.

Por otro lado, solicitan también la revisión y adecuación del canon de Portos de Galicia «para las industrias de transformación y operadores del sector». A su entender, sería necesaria «una modificación de la ley de tasas de la Xunta, y adaptarla a las circunstancias del mercado». Por ello, volverán a trasladar estas cuestiones y solicitarán una reunión para tratar el asunto.

Otro asunto abordado ha sido la aplicación de la Lei do Litoral, que quieren que «sirva para lo que se promulgó, reforzando la seguridad jurídica».