La acuicultura denuncia que Costas está obligando a sacar a concurso la prórroga de sus concesiones

La Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar) denuncia que el Ministerio de Transición Ecológica está poniendo «nueva e innecesaria barrera administrativa» que pone en peligro la continuidad de una actividad que ya tiene que sortear demasiados escollos burocráticos para ejercer la actividad. La patronal del sector asegura que Costas está obligando a sacar a concurso cualquier nueva concesión o la renovación de una anterior, dejando así abierta la posibilidad de que cualquier otro inversor o empresa ajena al promotor inicial se haga con ese título. Emprendedor que, además, no tiene por qué ser español, sino que «podrán ser acaparadas por croatas, griegos o italianos, o lo que es peor, por empresarios turcos o tunecinos», no por razón de nacionalidad, sino porque han sido castigados por la UE por competencia desleal. Sin embargo, denuncia Apromar, no podrá darse el caso contrario, de que un español opte a hacerse con una concesión en Italia, Croacia o Grecia.

Diferentes interpretaciones

Ocurre que mientras esos países dejan al sector productivo primario fuera de la directiva de servicios, conocida como directiva Bolkestein (2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior), y la aplican solo al sector servicios, como pueden ser los chiringuitos hosteleros, España ha optado por «flagelar a este sector productivo primario» al someterla a esa directiva. Es decir, que mientras Italia, Grecia y Croacia entienden que la acuicultura no es una actividad de servicios y la encuadran en el sector primario (excluida de la aplicación de aquella normativa), España ha optado por encuadrarla en la actividad industrial y, en consecuencia, «el otorgamiento de toda nueva concesión, o la renovación de una anterior, debe sacarse a concurso público».

Apromar, que ya había expuesto su preocupación al ministerio, denuncia que no se están dando pasos «para aclarar y resolver el problema que España sola se ha creado». Además, la cuestión ha cogido con el paso cambiado a las Administraciones competentes de las comunidades autónomas, que desconocían el cambio interpretativo.

Apromar «no cesará de reclamar un marco administrativo estable, racional y previsible como única vía posible para fomentar la inversión empresarial y el empleo». Desde luego, «la posición actual de Transición Ecológica no ayuda y supone desde nuestro punto de vista un error histórico de ultraliberalización que no debería aplicar a un sector primario productor de alimentos».

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