La Comisión quiere saber si sus medidas técnicas contribuyen a una pesca «más sostenible y respetuosa»
PESCA Y MARISQUEO
Invita a autoridades, pescadores y oenegés a opinar sobre las normas implantadas en el 2019
08 oct 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Desde el 2019, la Unión Europea (UE) marca con el Reglamento de Medidas Técnicas cómo, cuándo y dónde se pesca, combinando el mantra del rendimiento máximo sostenible (capturar garantizando la supervivencia de las poblaciones de peces) con la mejora de la selectividad, la eliminación de descartes y la protección de los ecosistemas marinos. Sobre el papel, conciliando los aspectos social, económico y medioambiental. Cuatro años después, la Comisión Europea abre una segunda consulta pública con intención de evaluar si esas normas «están contribuyendo a una actividad pesquera más sostenible y respetuosa».
Considera «esencial contar con la información científica más fiable», que le encomienda al Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STEFC, por sus siglas en inglés) y al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), así como con los datos de Estados miembros, de los consejos consultivos y de «cualquier otra parte interesada». Invita expresamente a la industria pesquera, las oenegés, así como a los socios académicos, científicos, sociales y económicos, además de a los ciudadanos interesados. El plazo para pronunciarse finaliza el 24 de noviembre.
Como precedente, la Comisión recuerda su primer informe sobre las medidas técnicas, enviado a la Eurocámara y al Consejo Europeo a finales de septiembre del 2021. Entonces se pronunció tras recibir las evaluaciones del STEFC y del ICES, y teniendo «plenamente en cuenta los puntos de vista y los dictámenes» de veintitrés Estados y de ocho consejos consultivos, así como las opiniones expresadas por 37 partes en una consulta pública.
Como solo habían transcurrido dos años desde la implantación de una normativa con normas generales adaptadas a las particularidades de las pesquerías, la Comisión concluyó que «no había sido posible evaluar» si había cumplido los objetivos. Entonces ya dejaba claras cuál era su hoja ruta. Al haber detectado «deficiencias en la aplicación del reglamento en lo que se refiere a la protección de las especies y los hábitats sensibles», planteaba «mejoras sustanciales en los esfuerzos para supervisar los efectos de la pesca en los ecosistemas».
También consideraba «necesario impulsar el grado de celeridad y ambición a la hora de elaborar y acordar recomendaciones conjuntas sobre medidas destinadas a mejorar la selectividad o restringir la pesca con el fin de contribuir a la legislación medioambiental de la UE». Invocando el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad, la Comisión anunciaba que complementaría su informe con medidas «para conservar los recursos pesqueros y proteger los ecosistemas marinos, a fin de seguir mejorando la aplicación del reglamento y aprovechar plenamente los vínculos entre las políticas pesquera y medioambiental».
Y lo hizo, pese a las críticas del sector, de la Xunta, del Gobierno español y de distintos políticos por la «deriva medioambiental» que anteponía a los otros dos pilares de la Política Pesquera Común, el económico y el social. A nueve meses de las próximas elecciones europeas, cuando cada vez suenan más voces llamándola a valorar a la pesca como proveedor alimentario, esencial en la soberanía de la UE para no seguir importando siete de cada diez pescados que consume, la Comisión anima a «expresar puntos de vista» sobre sus tantas veces cuestionadas medidas técnicas. Anuncia que el próximo año emitirá un segundo informe, que también remitirá a la Eurocámara y al Consejo Europeo.