La pesca pide que se investigue si la Comisión pagó a oenegés para demonizar al arrastre

Días atrás el diario neerlandés De Telegraaf publicaba que la anterior Comisión Europea había financiado a oenegés con la condición de que hiciesen campaña a favor de sus políticas verdes. Ahora, la patronal comunitaria Europêche, en la que está integrada la española Cepesca, pide a la actual Comisión «aclaraciones inmediatas» y, al mismo tiempo, que investigue con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) si se usaron recursos públicos para respaldar decisiones de la UE de «consecuencias profundas» para el sector. Entre ellas, «medidas tan drásticas como el cierre adicional de caladeros tradicionales» o el «crecimiento en los últimos años de las campañas contra la pesca de fondo».

Sendos comunicadosde Europêche y Cepesca se hacen eco de las «recientes acusaciones (...) de que fondos públicos se destinaron a financiar oenegés con el objetivo de influir en el Pacto Verde y la Ley de Restauración de la Naturaleza». Demandan que se investigue, «con el fin de proteger la integridad y la credibilidad de las instituciones europeas y garantizar plena transparencia e independencia [de la Comisión] en sus interacciones con oenegés y otros actores interesados».

«Profunda preocupación» transmite la pesca europea, «que considera especialmente alarmante» lo que ha trascendido. «Si se confirmara que se han utilizado fondos públicos para apoyar campañas destinadas a influir» en las políticas verdes, se «podría haber comprometido la imparcialidad e integridad democrática del proceso de decisión dentro de la UE».

Plantean suspender decisiones «influidas por estas prácticas presuntamente irregulares»

Para esclarecerlo, las patronales comunitaria y española de la pesca abogan por identificar a las organizaciones implicadas, sus objetivos y cuánto dinero público recibieron, determinando «si se han producido vulneraciones de los principios democráticos». De ser así, tocaría «proponer medidas correctivas para evitar problemas similares en el futuro». Mientras tanto, opinan que debería «suspenderse cualquier decisión que pueda haber sido influida por estas prácticas presuntamente irregulares».

«Si se confirman estas acusaciones, representarían (...) una traición a la confianza depositada en las políticas medioambientales europeas adoptadas en la legislatura anterior», sostiene Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca. Y añade: «Nuestros pescadores, que ya enfrentan enormes desafíos para adaptarse a las políticas del Pacto Verde, merecen procesos de decisión transparentes, imparciales y responsables», subrayando además que el sector «no puede soportar el peso de políticas moldeadas por propuestas ambientales radicales impulsadas mediante esfuerzos de lobi no declarados»

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