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Los armadores se rebelan contra «la expropiación» de las cuotas de pesca

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

PESCA Y MARISQUEO

Un pesquero atracando en el puerto de A Coruña en abril del 2025
Un pesquero atracando en el puerto de A Coruña en abril del 2025 ANGEL MANSO

El Gobierno pretende «evitar que se conviertan en un bien especulativo»

25 sep 2025 . Actualizado a las 12:17 h.

Por segunda vez desde el 2021, el Gobierno español pretende cambiar la gestión de las cuotas o posibilidades de pesca. Cuatro años atrás, ante la oposición de los armadores y de las cofradías, recalcaba que no son una propiedad particular, sino «un bien común, un recurso público» que se otorga como «una cesión». Aunque permite que se alquilen, se vendan o se empleen como aval bancario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación intenta otra vez «evitar que se conviertan en un bien especulativo». Y vuelve a toparse con el rechazo de los armadores. En su nombre, la patronal Cepesca alega que «deben poder tener la libertad para gestionarlas de la forma más eficiente», ya que para los que han invertido en comprarlas «lleva implícitos unos beneficios económicos, ambientales y sociales, además de dotar a las empresas de resiliencia para adaptarse» al cambio climático y a la inestabilidad del mercado.

BIENES DEMANIALES

Recursos naturales. Según la Constitución española, los recursos naturales del mar son bienes demaniales (de titularidad pública, sometidos a un régimen especial de utilización y protección). Con los peces, buena parte se gestionan por cuotas, límites de capturas decididos por los políticos a partir de consejos científicos. El Estado las asigna a los pesqueros de alta en el registro de la flota que cuenten con licencia para faenar y pertenezcan a un censo.

«EXPROPIACIÓN SIN LEY»

«Cierta desconfianza». En sus alegaciones al real decreto de gestión de cuotas, Cepesca cree que ciertas penalizaciones a los buques que incumplan los requisitos pueden «suponer la privación de la posibilidad de ejercer la actividad e, incluso, una expropiación sin ley» de los cupos. Sobre las reglas para asignarlas y los «mecanismos dirigidos a resolver las posibles distorsiones», cree que «denota cierta desconfianza» que Pesca se refiera al uso como «bien especulativo».

«sin cobertura legal»

Audiencia al empresario. Si los pesqueros se quedan sin la licencia o se dan de baja en el registro de la flota o en el censo, el ministerio prevé excluirlos del reparto de cuotas y disponer de ellas. La patronal se opone porque «es una sanción, una acción expropiatoria sin cobertura legal». Por eso mismo echa en falta «un procedimiento reglado en el que se dé audiencia al interesado para su defensa».

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

Que prevalezca el histórico. Pesca propone asignar las cuotas teniendo en cuenta «la necesidad de atender a la función social de los recursos pesqueros». Con un valor mínimo del 10 % para cada uno, plantea criterios como la actividad histórica, las características del barco, el impacto sobre los recursos y la selectividad de las artes, el empleo que generen o la contribución a la economía local. Alegando que así «no tendría claridad ni transparencia y conllevaría una aplicación arbitraria», Cepesca considera que serían «más objetivos los parámetros de historicidad, social y lineal, asignando» al criterio histórico un porcentaje mínimo del 50 %.

TRANSMISIÓN TEMPORAL

Limitarlas «no beneficia a nadie». Oficialmente se denominan transmisiones temporales los intercambios u operaciones de compraventa de cuotas. Cuando se transmiten el 80 % de las asignadas inicialmente durante dos años seguidos, Pesca quiere limitarlas al 20 % en los siguientes. La patronal aduce que eso «atenta directamente a la viabilidad» de los armadores, además de que «no beneficia a nadie, y únicamente supone perjudicar la creación de valor añadido y la sostenibilidad de las empresas, suponiendo un freno a inversiones y a posibilidades de creación de empleo». Como hasta ahora los armadores han invertido, advierte que cambiar la norma «genera un impacto negativo al impedir la creación del valor añadido esperado y supone una grave inseguridad jurídica».

TRASPASoS DEFINITIVos

Contra la «apropiación». Formalmente también son transmisiones las definitivas, sea para construir un nuevo buque o para venderlas a otros. Cepesca propone que también sea posible para los barcos de importación y, en cualquier caso, se opone a «la apropiación definitiva» por parte del ministerio si ese traspaso no se realiza en los plazos establecido. Además, rechaza que no se permita a un pesquero siniestrado alquilar sus posibilidades de pesca mientras continúe de alta.

«consecuencia radical»

Regularizar los excesos de capturas. Individualmente o de modo conjunto, cuando los barcos capturan más pescado del que permite la cuota deben compensarlo, restándolo del próximo cupo o aportando el que consigan de otros. Para la patronal, la pretensión del ministerio de suspenderle la autorización para faenar si no regulariza el desfase en el plazo establecido constituye «un exceso», ya que lo considera «una consecuencia radical».

CUPOS NO CAPTURADOS

Autorizar la cesión temporal. En la propuesta de real decreto sobre la gestión de los recursos, Pesca se reserva quedarse con las cuotas cuando un barco no capture al menos el 10 % durante dos campañas seguidas, «previa audiencia al armador». Cepesca alega que puede haberlas intercambiado «para conseguir más posibilidades de su especie objetivo» y, por tanto, aboga por que no se considere que no usa el cupo mientras el barco «mantenga alguna actividad y la tripulación en activo». La patronal dice que «privar de esa opción a los armadores supondría poner en riesgo la sostenibilidad económica, social y ambiental» del sector pesquero.