El puerto de Valencia, una víctima colateral de los pactos de los socialistas con ERC y Junts
PUERTOS
Los separatistas exigen al PSOE favorecer las inversiones en los puertos de Barcelona y Tarragona
09 oct 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Amnistía y referendo de autodeterminación —o avances para alcanzarlo—, además de la transferencia de los trenes de cercanías y más dinero, son la exigencias que Junts per Catalunya y ERC hicieron públicas para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Pero PP y Vox sospechan que también esos dos partidos exigen al PSOE obstaculizar la ampliación del puerto de Valencia y favorecer las inversiones en los de Barcelona y Tarragona. ERC y Junts lo niegan. «Ni se nos ocurriría, bastante tenemos con lograr nuestros objetivos políticos», dicen los de Carles Puigdemont. «Ni se ha planteado ni se planteará», aseguran los de Oriol Junqueras.
En cambio, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ambos del PP, han puesto el grito en el cielo en defensa de su territorio. El primero advierte de que no se quedarán con los brazos cruzados, y la segunda, de que «Valencia no se vende», al tiempo que amenaza con «acciones legales» si se anula la ampliación del puerto por cuestiones políticas y no técnicas. Catalá enfatizó que «tiene una sospecha muy clara» de que «un grupo minoritario de separatistas quiere mermar las posibilidades del puerto de Valencia», y que no permitirá que Valencia sea utilizada como moneda de cambio en un juego político, y más cuando el presidente del de Barcelona, Lluís Salvadó, procesado por el 1-O y mano derecha de Junqueras, sería uno de los beneficiados por la amnistía.
«Privilegios»
La portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, aseguró: «No tenemos noticias fehacientes, pero podría ser» que se favoreciese a «unos territorios concediéndoles unos privilegios a cambio de que otros salgan perjudicados». El propio Mazón habló de la «agenda oculta» de Sánchez para negociar su investidura, en la que está «estrangular» el puerto de Valencia, al que el Gobierno condonó en el 2021 una deuda de 350 millones cuando presidía la comunidad el socialista Ximo Puig, mientras que hizo oídos sordos a las reclamaciones del coruñés de Punta Langosteira —que adeuda 200 millones— para que se le diese un trato igual.
Mazón elevó el tono hasta recordar la letra del himno autonómico: «Valencians en peu alcem-se» (Valencianos, en pie alcémonos), y aseguró que eso se quedará corto para lo que van a poner en marcha. De momento, ha pactado con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una cumbre con empresarios de ambas comunidades .
Y es que la patronal autonómica valenciana (CEV) pidió que no se use una infraestructura clave para la comunidad como moneda de cambio. El presidente de la asociación de directivos y empresarios logísticos, Alfredo Soler, alertó de que, para llevar el proyecto a Barcelona, los números no salen, por lo que «seguramente se irá a algún puerto del norte de África». Con él coincide el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, quien recuerda que en el 2019 fue una de las grandes navieras del mundo, MSC, la adjudicataria de la construcción y explotación de la nueva terminal de contenedores, y la que, de persistir los problemas, no dudaría en llevarse el proyecto fuera de España.
Esa terminal norte estaría compuesta por 136 hectáreas de superficie, con capacidad para albergar cinco millones de contenedores, y en ella se crearían 7.000 puestos de trabajo. El proyecto tiene una inversión de 1.500 millones de euros.
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, reclamó a los actores políticos que «no enreden» y no creen noticias falsas. «Está prevista su aprobación», indicó para tranquilizar a los valencianos. Eso sí, cumpliendo los objetivos medioambientales. Pero recordó que en estos momentos el Ejecutivo está en funciones. «Hemos trabajado en todo momento desde el Gobierno para que ese desarrollo del puerto fuera efectivo», zanjó.
Quienes sí se oponen a la obra son Compromís y Sumar. Los de Joan Baldoví exigen paralizar la ampliación. De momento, reclaman otra declaración de impacto ambiental y acusan al PP de «querer cargarse el valor medioambiental de la albufera». Entienden que esa obra «solo interesa a unos pocos y responde a intereses económicos». También la líder de Sumar, Yolanda Díaz, está en contra del proyecto. Ya en la campaña electoral presumió de haber bloqueado la licitación de las obras en el Consejo de Ministros.