Una cumbre crucial para el futuro de A Coruña

Gobierno, Xunta, Puertos del Estado, ADIF, Ayuntamiento y Diputación se reúnen hoy para intentar llegar a un acuerdo sobre la deuda de la Autoridad Portuaria, el desarrollo de los muelles interiores y el tren a Langosteira


a coruña / la voz

Nunca se estuvo tan cerca del apretón de manos. Pero eso no significa que se vaya a dar. Hay líneas rojas. De lo que se trata es de que todos cedan. Para que la Autoridad Portuaria no vaya a la bancarrota, para que exista un consenso de futuro sobre los muelles urbanos y para que el puerto exterior tenga un tren que lo haga viable.

Para ello, representantes de la Xunta, Puertos del Estado, Autoridad Portuaria, ADIF, Ayuntamiento y Diputación se sentarán hoy alrededor de una mesa, a partir de las 11.30 de la mañana en el salón Dorado de María Pita, para intentar alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos. No será nada fácil. Las posturas son distantes en los tres puntos a tratar: La deuda de la Autoridad Portuaria, la reordenación de los muelles interiores que queden liberados cuando concluya el traslado al puerto exterior y el tren a Langosteira. Cada una de las partes tiene su propio cordón sanitario; si bien en los últimos meses se produjeron acercamientos o alianzas que pueden derivar en un entente entre el ejecutivo gallego y el coruñés, al que podría sumarse la Diputación. Eso situaría al Gobierno de Madrid solo. Pero fuerte, pues es el que tiene la llave de la caja.

Serán dos los miembros de cada Administración quienes defiendan sus respectivas ideas en este encuentro convocado por el gobierno local. Ayuntamiento, Xunta y Diputación firmarían con los ojos cerrados un acuerdo que contemplase la condonación de la deuda que mantiene el Puerto por la construcción de punta Langosteira y que eso no suponga, además, hipotecar el futuro de los terrenos urbanos; así como que la UE, el Estado o ambos organismos hagan frente a la financiación de la conexión ferroviaria del puerto exterior. Pero el Gobierno central no está por la labor. De ahí que la posibilidad de que se levanten de la reunión con un acuerdo se antoja difícil. 

deuda de 300 millones

Insostenible para la Autoridad Portuaria. Esta institución debe 300 millones de euros de los 330 que obtuvo del Banco Europeo de Inversiones (130) y de Puertos del Estado (200) para pagar Langosteira, en la que se han gastado 1.000 millones de euros. Cuando suscribió estos préstamos, el Puerto contaba con poder culminar la operación urbanística de privatización de los muelles de Batería y Calvo Sotelo y de parte de San Diego, tal y como estipulan los acuerdos del 2004, que le reportarían 250 millones de euros para hacer frente a la deuda. Pero esa venta no se produjo y el Puerto, que en el 2019 facturó 31 millones y a partir de este 2021 tendrá que desembolsar entre 7 y 15 millones de euros anuales para amortizar los préstamos, ha entrado en riesgo de quiebra, según alertó Puertos del Estado. Existen dos salidas. La primera, que el Gobierno condone la deuda como ocurrió con el puerto de Valencia y, por otro, la senda del protocolo del 2018, con aportaciones de varias Administraciones para constituir un condominio y que los muelles coruñeses permanezcan bajo titularidad pública. 

El último documento de calado es el protocolo de colaboración entre la Xunta, Fomento, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, rubricado el 18 de abril del 2018. Desde entonces no se han dado más pasos en firme para condonar la deuda, iniciar las obras del tren, ni tampoco para garantizar la titularidad pública de los muelles interiores de A Coruña (Batería, Calvo Sotelo y San Diego). En ellos estaba prevista una amplia expansión inmobiliaria, de acuerdo a los convenios que permitieron iniciar Langosteira, con la que se pensaba abordar los costes de construcción. Ese plan fue abortado y es preciso buscar otra solución económica. 

El tren a Langosteira

140 millones de inversión. El ejecutivo central no asume los compromisos contraídos por su predecesor en abril del 2018 para licitar la obra del tren a Langosteira, con 140 millones de inversión que costearía el Ministerio de Fomento. El ferrocarril, crucial para la viabilidad del puerto exterior y para la propia liberación de los muelles, está ahora en manos del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, del que dependen el Adif y también Puertos del Estado, y quien habrá de firmar la licitación de la obra -si se produce- antes de que venza el estudio de impacto ambiental el 26 de junio próximo. Ese día caducará, lo que podría retrasar la obra hasta cinco años más, según denunció el presidente gallego. La consecuencia inmediata de esa demora es que la viabilidad económica de Langosteira quedaría amenazada, pero además se produciría un retraso de la liberación del muelle de San Diego, en el que operarán los consignatarios del puerto que necesitan el tren hasta que esté finalizado el ferrocarril de Langosteira. Tanto Feijoo como Fernández Prado han insistido durante meses en la urgencia de poner en marcha la contratación de la obra del ferrocarril, que es estratégica para la ciudad y para el puerto. Otro tanto sostiene la alcaldesa, Inés Rey, que el pasado diciembre se entrevistó en Madrid con el ministro José Luis Ábalos, con el objetivo de buscar soluciones. 

Los muelles interiores

El futuro coruñés. La integración de los muelles urbanos es una oportunidad histórica para A Coruña. En las últimas décadas se han puesto sobre la mesa proyectos y diseños desde instituciones como el Puerto y el Ayuntamiento. El último fue encargado a la UDC. Esos planes solo tienen por ahora valor orientativo. El principal problema es el altísimo coste de la urbanización de los terrenos, que va a superar con creces los 130 millones de euros. 

En primer lugar hay que tener en cuenta la extensión de los muelles. Batería, Calvo Sotelo y San Diego miden 483.145 metros cuadrados. Para calcular el precio base podría tomarse el coste de la urbanización del parque Ofimático, el último gran desarrollo de la ciudad, cuyo presupuesto hace una década equivalía a 120 euros el metro cuadrado. Luego está el debate entre el porcentaje de ladrillo que llevará, de parques o de tejido productivo.

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