Hacienda se da más tiempo para aflorar las construcciones ocultas al Catastro

El procedimiento de regularización catastral con el que Hacienda peina la península desde el 2014 para aflorar cuanta construcción oculta se haya realizado (desde el nuevo garaje a la ampliación de la casa, pasando por la piscina en el jardín) o no se haya declarado correctamente (como reformas encubiertas), no concluirá en noviembre de este ejercicio, como estaba previsto.

El ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha ampliado el plazo entre tres y siete meses para finalizar los trabajos, en los que el fisco utiliza todos los recursos a su alcance para que todos los bienes existentes tributen correctamente. Y para que ninguno escape, Hacienda usa desde las inspecciones sobre el terreno hasta imágenes de satélite o el apoyo de drones. La minuciosidad y complejidad de este control, unidas a la dispersión geográfica de comunidades como la gallega, hacen imposible cumplir el calendario inicial.

La ampliación por concellos

La Voz

Así, los 125 concellos de Galicia en los que la Dirección General del Catastro está desarrollando este año -el último del programa- sus revisiones verán ampliados los plazos, en virtud de la resolución aprobada por Hacienda el pasado 11 de julio y publicada en el BOE el día 20. En el conjunto del país el retraso afectará a casi 3.000 municipios, concretamente a 2.972, de los que 1.700 debían haber finalizado la revisión el pasado 30 de julio y los 1.272 restantes tendrían que concluirla el próximo 30 de noviembre.

Sin embargo, como explica Hacienda, «la complejidad de las actuaciones desarrolladas en el procedimiento» para comprobar que los bienes declarados al catastro coinciden efectivamente con «la realidad inmobiliaria», y dado «el elevado número de municipios a comprobar y su dispersión geográfica», hace que los plazos fijados en un principio resulten «parcialmente insuficientes».

De este modo, los 46 municipios gallegos que debían haber cerrado el 30 de julio el proceso de revisión, tendrán tres meses más, hasta el 30 de octubre. Están afectados 14 concellos de A Coruña (Abegondo, Arteixo, Camariñas, Cambre, Carballo, Cee, Lousame, Narón, Negreira, Ordes, Padrón, Pontedeume, Rianxo y Santiago de Compostela); Carballedo y Sarria en la provincia de Lugo; otros 21 de la de Ourense (O Barco de Valdeorras, A Bola, O Bolo, Castrelo de Miño, Castro Caldelas, A Gudiña, Carouco, Manzaneda, Nogueira de Ramuín, Ourense, Piñor, A Rúa, Rubiá, San Amaro, San Xoán de Río, Sandiás, A Teixeira, Viana do Bolo, Vilar de Santos, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo; para cerrar con nueve en Pontevedra (Dozón, Lalín, Mos, As Neves, Nigrán, Poio, Portas, Ribadumia y Silleda). 

Siete meses de ampliación

A ellos se sumarán otros 79, cuyo plazo se ampliará siete meses, hasta el 1 de julio del 2018. En esta segunda tanda hay 25 municipios coruñeses (Aranga, Arzúa, Boiro, A Capela, A Coruña, Curtis, Dodro, Fisterra, Mazaricos, Miño, Moeche, Monfero, Muxía, Oleiros, O Pino, Porto do Son, Rois, San Sadurniño, Santiso, Toques, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vilarmaior y Zas), y 24 ourensanos (Baltar, Bande, Beariz, Os Blancos, Boborás, Carballeda de Valdeorras, Cartelle, Castrelo do Val, Cenlle, Cortegada, Chandrexa de Queixa, Entrimo, O Irixo, Laza, Leiro, Lobios, Maside, Padrenda, Porqueira, Sarreaus, Taboadela, Trasmiras, Vilamarín y Vilamartín de Valdeorras). Otros 19 de Pontevedra (Barro, Cambados, Cotobade, Crecente, Cuntis, A Estrada, Forcarei, Gondomar, A Lama, Meaño, Oia, Pontevedra, O Porriño, Rodeiro, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Tui, Valga y Vilagarcía de Arousa) y 11 de Lugo (Burela, Castroverde, O Incio, Monforte de Lemos, Ourol, Palas de Rei, Pedrafita do Cebreiro, Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto y Taboada) cierran el listado.

Casi 110.000 inmuebles regularizados en 91 municipios

Desde que Hacienda puso en marcha el programa de regularización, en el 2014, ha concluido ya la revisión en 2.877 municipios españoles, 91 de ellos gallegos, en los que ha chequeado más de 28 millones de inmuebles urbanos y rústicos. De ellos, más de cuatro millones corresponden a Galicia, que es la segunda comunidad por volumen de construcciones revisadas, solo por detrás de los cinco millones de Andalucía, que casi cuadriplica el número de municipios que se inspeccionaron en la comunidad. Los trabajos realizados han hecho aflorar, según los últimos datos oficiales cerrados, casi 1,1 millones de inmuebles que fueron regularizados en el conjunto del país, de los que casi 110.000 se localizan en 91 concellos gallegos cuyas inspecciones han acabado. 

tipología

Más del 43 % son nuevas construcciones y el 3,2 %, piscinas. Los bienes que no estaban correctamente declarados corresponden, en su mayoría, a nuevas construcciones (el 43,54 % del total de las regularizaciones). Le siguen, con el 37,44 %, las ampliaciones y rehabilitaciones, mientras que los cambios de uso y las reformas frisan el 16 % de los casos detectados. Aunque quizá sean las construcciones más llamativas, las piscinas apenas superan el 3 % de los bienes ocultos o declarados incorrectamente en Galicia, por debajo de la media nacional, de casi el 5 %. 

IMPLICACIONES

Una tasa única de 60 euros. El infractor tiene que pagar una tasa de 60 euros, con la que el programa de revisión se autofinancia y, además, debe ponerse al día con su inmueble. El hecho de que una determinada construcción no se haya declarado no implica que sea legal o ilegal a efectos urbanísticos, algo competencia municipal. En lo que sí lo notará es en el recibo del IBI. 

reclamaciones

¿Y si el Catastro se ha equivocado? A vista de pájaro en no pocos casos los drones han confundido una piscina de plástico con una de obra o la caseta del perro, una pérgola o la barbacoa con una nueva construcción. Cuando esto ocurre, el afectado puede presentar alegaciones en un plazo de 15 días (adjuntando fotografías) justificando su disconformidad. Así, si no se está de acuerdo, se inicia el proceso de recurrir ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional. 

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