Una familia media paga 700 euros de más en el IRPF al no ajustar Hacienda el impuesto a la inflación
ECONOMÍA
Fedea eleva al 30 % el sobrecoste en el tributo y considera la decisión del Ejecutivo una subida fiscal «poco transparente»
21 abr 2025 . Actualizado a las 18:55 h.A la inflación se la define de forma popular como «el impuesto de los pobres», porque aunque afecta a toda la ciudadanía, perjudica especialmente a quienes tienen ingresos más bajos, ya que son quienes destinan mayor proporción de su renta a alimentos, vivienda y servicios esenciales, que son los que más suelen subir. Pero el mordisco de la inflación no se queda ahí, sino que, que señala la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), también se traslada al impuesto estrella de los tributos: el IRPF.
En el informe publicado este lunes con el título de Seguimiento de las reformas del plan de recuperación y otras medidas estructurales, hace un repaso a las reformas puestas en marcha por el Ejecutivo en los últimos ejercicios, además de aquellas que, como la reforma fiscal, aún estando planificadas, no llegaron a llevarse a cabo. Precisamente en lo relativo a la fiscalidad, Fedea se detiene en las consecuencias que para el contribuyente medio ha tenido —y tiene— la negativa de Hacienda de no adaptar la escala del IRPF a la subida experimentada por la inflación, especialmente acusada desde la invasión rusa de Ucrania.
Para visibilizar el mazazo tributario que supone no haber ajustado el impuesto de la renta a la evolución del IPC en los últimos años —concretamente desde el 2015, período en el que ha subido casi un 27 %—, el organismo pone como ejemplo el caso de una familia media, compuesta por dos adultos y dos menores, con unos ingresos brutos anuales conjuntos de 50.000 euros (30.000 y 20.000 respectivamente), y concluye que no deflactar se ha traducido en un sobrecoste de 736 euros al año.
Subida fiscal encubierta
Explica que cuando la inflación sube, también lo hacen los salarios, de modo que los contribuyentes pasan a los tramos superiores del IRPF y pagan tipos impositivos más elevados, lo que supone mayor recaudación para las arcas públicas. Sin embargo, el crecimiento de los salarios no se traduce en un aumento del poder adquisitivo de la población, por lo que, en la práctica, no haber ajustado la tarifa del IRPF a la inflación supone —indica Fedea— «un aumento importante de la carga del impuesto por una vía poco transparente para el contribuyente».
En su ejemplo, detalla que la familia referida pagaría en el 2024 una cuota total de IRPF de 3.170,75 euros (sobre los ingresos totales de 50.000 euros). En el caso de que la tarifa del impuesto —tanto los niveles que determinan el salto de tramo como los mínimos personales y familiares aplicables— se actualizase a la inflación acumulada desde el 2015, la cuota a pagar a Hacienda sería sensiblemente menor: de 2.434,36 euros. Es decir, que la resistencia del Ejecutivo a la deflactación supone un sobrecoste para esta familia del 30,25 %, que en números absolutos se traduce en 736,39 euros más.
El informe, que firma el director de Fedea, Ángel de la Fuente, subraya que el impacto económico de no haber deflactado el IRPF es «proporcionalmente mucho mayor en el caso del adulto con menores ingresos», de modo que «la no indexación del impuesto» a la evolución de los precios «pejudica especialmente a las rentas más bajas».
El documento también se muestra crítico con las medidas más recientes adoptadas por el Gobierno en materia tributaria, como es el caso de la limitación de las deducciones por doble imposición o la compensación de bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades —el que pagan las empresas sobre sus beneficios— para empresas grandes o la bajada del tipo para las microempresas.
Argumenta que dichas medidas introducen una «especie de progresividad que carece de sentido en el caso de las empresasy podría desincentivar su crecimiento, con efectos negativos sobre su productividad».
Tampoco escapan de las críticas los «arbitrarios» gravámenes impuestos a las empresas energéticas y a las entidades financieras (el primero ya eliminado y el segundo modificado), así como el «impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas que anula por la puerta de atrás la capacidad tributaria autonómica sobre el impuesto de patrimonio». Fedea califica estas fórmulas de «ocurrencias discutibles».
El informe trasciende el ámbito tributario y revisa otras reformas o la falta de ellas. Así, Fedea destaca la dificultad del Gobierno para sacar adelante algunas de las previstas, entre ellas dos que «casi nadie discute» —la reforma de la ley del suelo y la creación de una Agencia de Salud Pública— e insta a «recapacitar» a los dos grandes partidos.