El periplo jurídico de casos como el del Prestige puede prolongarse 20 años
GALICIA
El accidente del Mar Egeo, ocurrido en 1992, cerró su última reclamación en el 2013
14 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.En un escrito reciente de la Abogacía del Estado, en el contexto de la ejecución de la sentencia del Supremo para cuantificar los daños del Prestige, el letrado de la Administración central, Javier Suárez, acusaba a la aseguradora del buque, el London P&I Club, de querer dilatar el proceso de cálculo con el objetivo de entorpecer la demanda para conseguir los 1.000 millones de dólares del seguro (857 millones de euros). Las estrategias de dilación son habituales en las causas judiciales, y en el caso de los accidentes marítimos han sido muy evidentes, pero no hay que atribuir solo a estas tácticas procesales los largos periplos judiciales que pueden prolongarse durante 20 años o incluso más.
«Son procedimientos muy complejos, esa es la razón fundamental de que sean tan largos», asegura el fiscal encargado del caso Prestige, Álvaro García Ortiz. «Además, en España, hasta que se cierra la causa penal no se pueden abrir otras vías como la civil o la patrimonial», añade.
Esto es lo que sucedió con el Mar Egeo y ahora con el Prestige. Así, el primero de estos accidentes se produjo el 3 de diciembre de 1992. La sentencia en primera instancia fue en 1996 y la confirmación por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña llegó un año después. La última reclamación que se abonó respecto a este caso fue en el 2013, un pago de 11,5 millones de euros a la aseguradora de la carga, que acudió a la vía patrimonial para lograr la compensación después de no lograrlo durante el proceso de ejecución de la sentencia. La aseguradora Musini, después integrada en Mapfre, había abonado a Repsol este importe y luchó por recuperarlo en la Audiencia Nacional.
Situaciones como estas sin duda ocurrirán también en el caso Prestige, pues numerosos afectados ya han anunciado que se reservan acciones civiles e incluso patrimoniales, aunque estas últimas son más complejas porque ningún cargo de la Administración fue condenado. La sentencia fue leída en el aniversario del accidente de hace cuatro años, después de una instrucción judicial que duró más de nueve. Este fallo fue corregido por el Tribunal Supremo en una sentencia no recurrible dictada en enero del 2016, que condenó al capitán Mangouras a dos años de cárcel -pena que está suspendida- y declaró responsables civiles a la armadora y la aseguradora.
La ejecución de esta sentencia con la cuantificación definitiva de los daños se conocerá esta semana. Juan Luis Pía, el magistrado encargado de este procedimiento, aseguró a Efe que esta evaluación judicial podrá ser recurrida ante el Supremo, algo que no está claro si terminará retrasando el desembarco de España en Londres para pleitear por el dinero de la póliza suscrita con el armador. «Me temo que no habrá muchos juicios más largos en la historia de la jurisdicción española», aseguró el magistrado.
El epílogo judicial español solo será el inicio de otra batalla legal en la jurisdicción británica para la que no hay plazos. ¿Se podrían simplificar estos procesos? García Ortiz lo ve difícil si se va por la vía penal, aunque recuerda que la creación del Fidac -el fondo internacional de compensación- tenía como objetivo compensar con rapidez a las víctimas, «sin que importara quién provoca el accidente».
«El importe de 4.328 millones es infundado»
La aseguradora del Prestige, en unas alegaciones a la reclamación del grupo ecologista Arco Iris -que hace suya la de la Fiscalía de 4.328 millones-, considera que este importe está basado en un informe de expertos universitarios «absolutamente infundado». «No puede tenerse ni por cierto ni por exacto», añaden.
El Fidac cuestiona una nueva reclamación de la Xunta de 2 millones para tratar 10.000 toneladas de fuel en Sogarisa
El proceso de impugnaciones masivas a las reclamaciones presentadas por el Prestige afecta también a la Xunta. Se trata de una petición de indemnización para tratar unas 10.000 toneladas de residuos -fuel mezclado con otros restos- que no fueron recicladas en su momento. De hecho, los 22,4 millones que costó el proceso global los reclama la Administración central después de abonar al Gobierno autónomo este gasto, que en principio nadie discute. En cambio, los abogados del Fidac han sido muy duros con la nueva petición presentada en la ejecución de la sentencia, consistente en reclamar 1.125.458 euros para tratar esas 10.000 toneladas restantes y otros 751.555 para poner a punto la instalación de Sogarisa donde deben tratarse estos residuos.
Por un lado, el Fidac pone en duda el número de toneladas por ser «una mera declaración unilateral del gerente de Sogarisa» y cree que la Xunta debe exigir a la empresa «pruebas del volumen cierto que queda pendiente de tratamiento», pues los pagos se realizan por tonelada tratada. En este sentido, el fondo internacional de compensación critica que se abonen 112,54 euros por tonelada y no los 93,09 que figuraban en el convenio inicial.
El Fidac también cuestiona que sea necesaria la puesta a punto de las instalaciones, y niega que este gasto tenga relación alguna con el Prestige. «¿Es que la Xunta está decidida a pagar sin más a Sogarisa todos los importes que pidan? ¿Por qué no ha procedido la empresa a tratar los residuos pendientes?», se preguntan.
Ecologistas y sindicatos ponen en duda la preparación frente a otro accidente
Distintos colectivos ecologistas y sindicales denunciaron ayer, día del aniversario del accidente del Prestige, que España sigue sin estar suficientemente preparada para enfrentarse a otro accidente de un petrolero.
Greenpeace considera que, a pesar de haber pasado quince años desde el hundimiento del Prestige, España «no ha aprendido la lección» y sigue sin estar preparada para afrontar «con solvencia» una nueva catástrofe medioambiental de esta envergadura, que cree posible que se vuelva a producir. En un comunicado, la oenegé señala que «es solo una cuestión de tiempo» que otra catástrofe como la del Prestige «vuelva ocurrir», porque las circunstancias que la propiciaron «siguen existiendo» y la industria petrolera continúa transportando hidrocarburos «de forma insegura».
Los ecologistas recalcan que el hundimiento del Prestige también puso en evidencia las «enormes deficiencias» de la legislación y del régimen de responsabilidad en el transporte marítimo, en tanto en cuanto no se pueden exigir responsabilidades a las empresas implicadas en una catástrofe ambiental.
El análisis de Comisiones
Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras hace un análisis muy similar, pues considera que «o noso país segue sen estar preparado para afrontar un caso similar». «Continúa a haber descoordinación no seguimento do tránsito marítimo, degradación nas condicións de formación das tripulacións, eliminación dos exercicios e simulacros e un proceso de privatización dos medios de salvamento», añaden.
Para este sindicato resulta «inconcibible» que la única condena tras la sentencia del Tribunal Supremo «fora ao capitán do petroleiro por desobediencia», continúa en un comunicado.
