Análisis: Las transferencias del estado a la comunidad autónoma de Galicia
24 ene 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Las dos primeras competencias traspasadas por el Estado a Galicia fueron en 1979, en pleno régimen preautonómico -el Estatuto se aprobaría en 1981- y la primera de ellas era un cóctel en el que se cedían asuntos tan dispares como el turismo; las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; transportes y urbanismo. Ese mismo año se transferirían poderes relacionados con el ámbito de los municipios. Pero fue la aprobación del Estatuto la que propició la mayor avalancha de traspasos de la historia autonómica gallega, un total de 20, que se ejecutaron mediante reales decretos a lo largo de 1982. Ahí empezó a construirse de verdad el régimen autonómico gallego, con competencias tan relevantes como educación, servicios sociales, las que quedaban de turismo, agricultura, pesca, comercio, carreteras...
Así, los cimientos del autogobierno se fraguaron entre 1982 y 1985, cuando el Gobierno central cedió a Galicia 68 competencias, el 44 % de las 154 de las que se traspasaron en cuarenta años. En el 2008 se produjo el último gran paquete de traspasos, cuando aún estaba al frente de la Xunta el socialista Emilio Pérez Touriño. Pero la mayor parte de ellos eran de entidad menor. Cabe destacar las facultades en materia de conservación de la naturaleza en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, mientras que el resto versaban sobre la declaración de utilidad pública de asociaciones, el personal del hospital de Defensa en Ferrol o la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias, entre otras. Desde estos traspasos, muy limitados y concretos, no ha habido ninguna transferencia más a la comunidad autónoma gallega, una de las pocas que, por otra parte, no ha reformado su Estatuto.
Educación y sanidad
Después de la cesión de la mayor parte de la gestión de la educación en 1982, las competencias en este ámbito se ampliarían en posteriores reuniones de la Comisión Mixta de Transferencias, cuyos acuerdos pasan luego al Consejo de Ministros para su aprobación como real decreto. Así, en 1987 se transfirieron la formación profesional y las universidades.
Pero es en 1990 cuando el entonces ministro de Administraciones Públicas, el socialista Joaquín Almunia, firma el decreto que traspasa las competencias en materia de sanidad, es decir, las funciones que entonces desarrollaba en Galicia el extinto Instituto Nacional de la Salud (Insalud), que Alberto Núñez Feijoo presidiría más adelante, entre 1996 y el 2000. El otro gran período en el que creció el autogobierno gallego fue entre 1994 y 1999, cuando el Estado dejó en manos de la Xunta 46 áreas administrativas que estaban en su poder.
A pesar de la sequía de traspasos en el último decenio, Galicia se sitúa como la tercera comunidad autónoma en número de competencias transferidas, 154, solo por detrás de Cataluña (189) y Andalucía (155), territorios que sí reformaron su Estatuto.
No obstante, este ránking es relativamente engañoso, pues el número de competencias transferidas no refleja el altísimo nivel de autogobierno de comunidades como el País Vasco (107) o Navarra (60), que se rigen por modelos forales y de concierto económico que les otorgan un amplio margen de maniobra sobre la fiscalidad o la gestión de las vías de alta capacidad estatales que atraviesan su territorio, aunque en realidad estas prerrogativas se canalicen a través de las diputaciones forales.
El Gobierno acaba de ceder al País Vasco hasta 33 nuevas competencias
Mara Senra
El Gobierno de Pedro Sánchez ha cedido al Ejecutivo vasco una treintena de competencias, entre las que destaca el control sobre prisiones, que podría cerrarse en enero del 2020, y que ha suscitado gran inquietud entre la oposición, al achacar esta cesión a una contraprestación por el apoyo del PNV a Pedro Sánchez. Pese a ello, no será el primer traspaso en hacerse efectivo, ya que el primer paquete de cesiones se establecerá partir de febrero. Entonces se enviará a la coalición de gobierno formada por el PNV y el PSE un primer documento para ejecutar los primeros siete traspasos relativos a los productos farmacéuticos, el seguro escolar, las ayudas a la jubilación de los trabajadores afectados por los ERE, el transporte ferroviario en las líneas de Cercanías, las escuelas viajeras, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y la innovación tecnológica.
Aunque el apoyo del PNV fue clave para que saliera adelante la moción de censura, el Gobierno central ha dejado al margen las cuatro demandas del Ejecutivo vasco relacionadas con la Seguridad Social.