La Audiencia coruñesa lanza la orden para lograr los 855 millones del seguro del Prestige

Los daños suman 2.495 millones, aunque solo se cobrará el 41 % si se gana el pleito en Londres contra la aseguradora

El Prestige, mientras era remolcado mar adentro
El Prestige, mientras era remolcado mar adentro

redacción / la voz

Dos meses después de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se determinaban de forma definitiva las indemnizaciones del Prestige, la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de dictar la orden general de ejecución para el cobro de los 2.495,4 millones en los que se han valorado los daños y que incluyen, además, los intereses de demora y procesales, así como las costas y gastos del procedimiento. Como solicitaba el Supremo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía, la orden incluye disposiciones para intervenir el dinero en jurisdicciones extranjeras, especialmente la británica, donde tiene su sede la aseguradora del petrolero, el London P&I Club. La decisión se toma después de que los principales responsables civiles -el capitán Mangouras, la empresa armadora y la aseguradora- no hayan pagado el dinero voluntariamente, para lo que tuvieron un plazo de 20 días.

Solo hay cuatro fuentes de financiación para cobrar parte de este dinero, pues será imposible satisfacer todas las demandas de compensación. Por un lado, el dinero del Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), un total de 148,3 millones que ya han sido repartidos en su mayor parte (unos 120 millones) entre los afectados, principalmente el Estado español. Por otro, los 22,7 procedentes de la limitación de responsabilidad de la aseguradora, ingresados desde hace 16 años en una cuenta del juzgado de Corcubión. También hay 2,1 millones que depositó Repsol en una cuenta judicial después de vender el fuel que se extrajo del buque hundido. Pero lo más relevante son los 855 millones del seguro suscrito por el armador con el London P&I Club -cifra de la que se han descontado los 22,7 millones referidos anteriormente-, que la mutua londinense intentará preservar con un blindaje en la jurisdicción británica e, incluso, con una amenaza de demanda contra España por, supuestamente, no obedecer los distintos fallos de los tribunales londinenses.

Aunque tenga éxito la larga batalla judicial que se prevé en Londres, en el mejor de los casos, con estas fuentes de compensación, solo se cubriría el 41 % de los daños reconocidos por la Justicia española.

Lo importante, en cualquier caso, es que todos los afectados, incluido el Estado español como principal perjudicado (se le reconocen 2.355 millones), podrán valerse de este auto como un salvoconducto para reclamar el dinero en la jurisdicción británica. «Para la ejecución de esta resolución en el Reino Unido, las partes que a su derecho convenga podrán pretenderla ante las autoridades de aquel país en los términos de la legislación de la Unión Europea, entregándose testimonio de la presente a los solicitantes a tal efecto». Este es el párrafo del auto de la Audiencia coruñesa que puede servir de título ejecutivo a los afectados para reclamar sus indemnizaciones en Londres.

Comisiones Rogatorias

Además, los magistrados de la Audiencia asumen la tutela de las víctimas que no puedan reclamar el dinero que les corresponde en la jurisdicción británica, donde las minutas de los abogados suelen ser muy altas. Para ello, anuncian que emitirán comisiones rogatorias con el objeto de que las autoridades judiciales británicas reclamen ese dinero a la aseguradora, en base a los instrumentos de cooperación judicial comunitarios que siguen en vigor, pero que pueden verse afectados por el proceso del brexit, sobre el que en la actualidad hay incertidumbre respecto a su duración y desenlace final.

Tanto las amenazas de demanda de la aseguradora como el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea han servido de acicate para los tres magistrados de la Audiencia, que en un tiempo récord calcularon las indemnizaciones con las prescripciones del Tribunal Supremo y dieron forma a la orden para reclamar el dinero en otros países. El auto no es recurrible, aunque los responsables civiles directos como la aseguradora podrán oponerse a la ejecución de la sentencia en los términos que marca la ley.

Los 2.495,4 millones en los que se calculan los daños globales se desglosan de la siguiente manera: 1.441,5 corresponderían a las indemnizaciones concedidas; 392,9 por intereses moratorios; 87,1 de intereses procesales; y 573.7 de intereses, costas y gastos de ejecución.

La aseguradora se prepara para el pleito amenazando con demandar a España

La Abogacía del Estado, en un escrito reciente dirigido al tribunal, expresaba su temor a los movimientos judiciales de la aseguradora en el Reino Unido, por lo que pedía celeridad para poder ejecutar la sentencia en Londres. Esta empresa, el London P&I Club, nunca estuvo personada en la instrucción judicial española, decisión que forma parte de una estrategia consistente en no reconocer las decisiones de los tribunales españoles. Ahora amenaza a España con un nuevo arbitraje y una demanda para que, en caso de que se vean obligados a desembolsar el dinero del seguro, el Estado español les compense, pues varias sentencias en el Reino Unido blindan a la aseguradora frente a posibles intentos de romper su límite de responsabilidad en el caso Prestige.

El seguro del Prestige, lejos de pagar las indemnizaciones, amenaza a España con una demanda millonaria

pablo gonzález
Vista del Tribunal Supremo celebrada en el 2015 para tratar los recursos contra la sentencia del Prestige
Vista del Tribunal Supremo celebrada en el 2015 para tratar los recursos contra la sentencia del Prestige

Acusa al Estado español de incumplir las sentencias del Reino Unido y pretende que se le compense por cualquier cantidad que tenga que abonar por la ejecución de la sentencia del Supremo

Es una de esas historias donde el mundo parece volverse del revés. En este caso, una aseguradora condenada como responsable civil directo de la marea negra del Prestige amenaza al Estado español, el principal afectado por el vertido, con una demanda millonaria que le compense de cualquier cantidad que deba abonar por encima de lo que establecen los convenios internacionales, pero también por los gastos procesales en los que incurran. En paralelo, la aseguradora británica London P&I Club reclama que se le compense por las costas correspondientes al procedimiento arbitral y judicial que entabló con España en la jurisdicción británica entre el 2013 y el 2015, una serie de decisiones con las que la aseguradora pretende blindarse frente a las sentencias firmes del Tribunal Supremo español. En total se trata de 1,6 millones de libras -cerca de dos millones de euros- que la Abogacía del Estado pide a la Audiencia de A Coruña que se descuenten de los 1.000 millones de dólares (880 millones de euros) que se reclama a la mutua que en su momento contrataron los armadores del petrolero.

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