La defensa de Cortabitarte y la Abogacía del Estado pedían que la causa no se centrara en las medidas de seguridad en la curva de Angrois. La jueza se niega a limitar el caso a si se hicieron análisis de riesgo en la línea. La mayoría de las partes cuestionan el montaje en vídeo del accidente aportado por el ADIF
05 oct 2022 . Actualizado a las 18:38 h.Poco antes de las diez de la mañana comenzó el juicio por el accidente del Alvia, ocurrido el 24 de julio del 2013 en Angrois. Lo hizo con las cuestiones previas, justo después de que los dos acusados accedieran a la sala por puertas diferentes. El maquinista, Francisco José Garzón Amo, lo hizo por el acceso principal, donde estaban las víctimas del Alvia. El exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, accedió por la puerta trasera, con la intención de evitar tanto a los afectados como a los medios de comunicación.
Fue precisamente el abogado de Cortabitarte, Ignacio Sánchez, quien trató de delimitar la acusación sobre su defendido, con la estrategia procesal de devaluar el ámbito de la causa penal, un intento que fue apoyado por la Abogacía del Estado pero que la jueza, María Elena Fernández Currás, y el fiscal, Mario Piñeiro, rechazaron de plano. Recordó que la imputación de su defendido se basa en si se hizo o no un análisis de riesgos sobre la curva de Angrois y sobre la exportación de ese riesgo al maquinista, y recordó que sucesivos autos de la Audiencia Provincial de A Coruña durante la instrucción excluyeron de la causa penal asuntos tan relevantes como la no instalación del ERTMS en la curva, la desconexión del ERTMS embarcado en el Alvia o la propia señalización o ausencia de señalización en el tramo previo al descarrilamiento del tren, que causó 80 muertos y 145 heridos.
Muchos de estos asuntos, recordó, aparecen en distintos escritos acusación, pero en su opinión no deberían ser objeto de la causa penal. La respuesta de la magistrada a esta cuestión fue clara. «No pretenda que el juez haga en las cuestiones previas un relato de los hechos probados», respondió con ironía la magistrada, al tiempo que recordó que todos esos factores están «íntimamente conectados».
La Abogacía del Estado se adhirió a ese intento de acotar la causa penal solo a los análisis de riesgos, pero se quedaron solos en el intento. El fiscal, Mario Piñeiro, asumió los argumentos de la presidencia de la sala. «Esos autos no están delimitando hechos, y como dijo la jueza son factores interconectados», aseguró. En buena lógica, un análisis de riesgos podría haber obligado al ADIF a instalar el ERTMS en la curva o a disponer de una señalización totalmente diferente a la que había el día del accidente.
Distintos abogados de las víctimas trataron de impugnar el vídeo elaborado por el ADIF y presentado a última hora al considerar que está destinado a culpar «en exclusiva» al maquinista. «No hay problema en tenerlo por unido a las actuaciones sin perjuicio del valor probatorio que tiene un vídeo aportado en el 2022», aseguró la jueza, que ironizó con el hecho de que el tren donde se graban las imágenes de los últimos cinco kilómetros y medio del recorrido «no va a 200 por hora», la velocidad a la que iba el Alvia el día en el que ocurrió el accidente. En resumen, el vídeo se acepta como una «prueba de parte».
Javier Suárez, abogado del Estado, defendió el vídeo como documento explicativo de los hitos y puntos de referencia en ese tramo de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. «Todos esos hitos constan en las actuaciones», dijo.
Distintas partes mostraron su interés en desactivar la presencia de la Abogacía del Estado como acusación dirigida hacia el maquinista. Manuel Prieto, abogado del maquinista, recordó que no existe denuncia por parte del ADIF en todo el procedimiento y que siempre estuvo personado como responsable civil. Mientras, el maquinista escuchaba sus argumentos con una mascarilla negra que se quitó en contadas ocasiones. «La Abogacía del Estado no puede intervenir en este proceso porque tiene un conflicto de intereses con Renfe», pues ambas empresas públicas tienen convenios de defensa con los servicios jurídicos del Estado. «No pueden defender al ADIF contra Renfe y contra un empleado de Renfe. La Abogacía del Estado no puede intervenir», dijo Prieto, en línea con los argumentos del abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo.
Javier Suárez, abogado del Estado, defendió esa doble presencia procesal. «Hay que entender que nuestro personamiento es en concepto de perjudicado», dijo, al tiempo que recordó que la jurisprudencia sustenta esta doble posición en un juicio y que debe ser Renfe la que cuestione un eventual conflicto de intereses. La operadora ferroviaria pública, recordó, nunca solicitó la defensa de los servicios jurídicos del Estado. El fiscal, Mario Piñeiro, negó que este asunto sea una cuestión de nulidad. La jueza desestimó la pretensión de desactivar la acusación del ADIF, lo que generó nuevas protestas formales que deberán ser analizadas por la Audiencia Provincial de A Coruña.
Distintas partes se mostraron en contra de que la parte penal del juicio -que durará hasta mediados de febrero- se retransmita en directo, pues consideran que puede condicionar las declaraciones de peritos y testigos, que podrían preparar las declaraciones en base a otras comparecencias. Hubo algún abogado que incluso argumentó que el streaming podría generar dolor en las víctimas. La jueza negó esa «pretendida contaminación», pues casi todos los comparecientes declararon ya en la fase de instrucción. Incluso recordó que hay víctimas que sí quieren ver la acción penal. No hubo más debate, aunque hubo una protesta a la que se adhirieron múltiples partes y habrá recursos.
«No admito debates conmigo», dijo taxativa la jueza sobre una petición para alterar el orden de declaración de uno de los peritos-testigo clave, Christopher Carr, de la Agencia Ferroviaria Europea, que cuestionó abiertamente el informe oficial del accidente realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarias (CIAF).
?La jueza se mostró expeditiva durante los planteamientos de las cuestiones previas, evitando que un juicio con casi un centenar de abogados se le vaya de las manos. Esta fue su actitud respecto a la controversia de que la Abogacía del Estado ejerza la acusación por un delito de daños en la infraestructura ferroviaria, un asunto que entraría de lleno en una causa de nulidad, «pero que tenía que haberse planteado en la instrucción o en recurso al auto de apertura de juicio oral», aseguró la jueza, mientras las protestas formales siguieron sucediéndose.
No obstante, la jueza aceptó que los dos acusados se ausenten de las sesiones del juicio una vez hayan declarado y hasta que se presenten las conclusiones de las acusaciones. Dependerá de ellos si quieren asistir a determinadas sesiones o no. Está previsto que la vista del jueves se inicie con la declaración del maquinista.