Quien haya buscado piso en Galicia en los últimos años sabe que hablar de vivienda ya no es solo hablar de ladrillo. Hablar del problema de la vivienda en Galicia ya no se limita a las grandes ciudades ni a la población joven. Afecta también a estudiantes, familias, mayores, migrantes y trabajadores con menores salarios, tanto en Santiago, A Coruña o Vigo como en ciudades de tamaño medio y en algunos entornos rurales. Estudios recientes señalan que los precios de la vivienda responden de manera multifactorial a componentes como ubicación, accesibilidad, tipología, densidad turística, políticas públicas y capacidad adquisitiva de los hogares, factores que se combinan de formas diferentes en cada ciudad, pero siempre con repercusiones para la asequibilidad.
El reciente Informe de Coyuntura Socioeconómica del Foro Económico de Galicia (octubre, 2025) muestra que, pese a la mejora general de indicadores como el empleo o el crecimiento económico, el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales fuentes de tensión, y se ha convertido en una de las principales motivaciones de desigualdad social. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre del 2025 el precio de la vivienda libre subió un 12,7 % en Galicia, en línea con la media nacional.
El auge del turismo, sobre todo en ciudades como Santiago o A Coruña, se percibe como un factor que, sin duda, agrava el problema. Reduce la oferta residencial y empuja los precios, pero no es el único motivo. La falta de vivienda pública, la escasa rehabilitación, los altos costes y la rigidez urbanística, pesan tanto o más y mantienen una escasez estructural. A esto se suma la propuesta de declaración de zonas tensionadas, como la ya activa en A Coruña, que, aunque buscan frenar la escalada del alquiler, pueden terminar provocando un efecto contrario si los propietarios retiran sus pisos del mercado estable. Cualquiera que haya intentado buscar un alquiler últimamente es consciente de la necesidad de repensar estas políticas, desde una lógica que no enfrente a propietarios con inquilinos, sino que actúe sobre la raíz del problema: la falta de vivienda asequible.
Los incentivos deben actuar como medida prioritaria, sin que ello sea incompatible con regulaciones adicionales. Incentivar el alquiler de larga duración, rehabilitar vivienda vacía, aumentar el parque público en régimen mixto, y simplificar los trámites urbanísticos. Y, por supuesto, una política fiscal coherente que no penalice al pequeño propietario ni deje la puerta abierta a la especulación. Sobre todo, en un contexto donde la vivienda se ha convertido en un activo financiero.
Galicia necesita una política de vivienda basada en incentivos bien diseñados: que premien la rehabilitación, el alquiler asequible y el uso responsable del suelo; que orienten al turismo hacia la sostenibilidad sin expulsar a los residentes; y que desincentiven la especulación sin castigar al pequeño propietario. Solo una estrategia que combine incentivos, regulación y compromiso público podrá equilibrar el mercado y garantizar el derecho real a vivir dignamente.