El pacto del campo divide a las organizaciones agrarias: COAG rechaza firmar el acuerdo

A principios de esta semana, el Ministerio de Agricultura desvelaba un plan de 43 medidas con el que esperaba poner fin, de una vez por todas, a las protestas que agricultores y ganaderos han protagonizado por toda España. El documento fue bien acogido por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que lo ratificó solo unos días después de ser presentado. Ayer hizo lo mismo Unión de Uniones. Sin embargo, otras organizaciones agrarias como la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), anunciaron que no van a firmar el acuerdo porque les parece insuficiente. Una opinión que comparten en la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja). Desde la Consellería do Medio Rural, su titular en funciones José González, lamentó la «incapacidade do Goberno central para chegar a acordos coas comunidades autónomas e para encontrar un consenso con todas as principais organizacións profesionais agrarias en cuestións como a modificación do Plan Estratéxico da PAC (Pepac) e noutros asuntos clave para o futuro do sector». Y volvió a reivindicar que la flexibilización de la PAC se adapte a las diferentes realidades de los agricultores. 

No. Esa es la respuesta que COAG ha dado a la propuesta del Ministerio de Agricultura. La entidad asegura que las actuaciones del ministro Luis Planas durante los últimos días han supuesto una pérdida de confianza al no respetar los procesos de toma de decisión de cada organización, por lo que se han vuelto más exigentes a la hora de pedir más concreción en aquellas medidas que son una declaración de intenciones, asegura el comunicado de esta entidad. «En un marco de confianza y respeto, nos daría seguridad. En este momento no se dan esas condiciones para poder pensar que aquellas medidas que dependen de la voluntad y el medio plazo se van a llevar a cabo en los términos que recoge el documento», asegura Miguel Padilla, secretario general de la organización.

La Coordinadora reconoce que se han producido avances en lo que se refiere a la flexibilidad y eliminación de cargas burocráticas de la PAC, pero también considera que hay otros apartados que requieren una mayor concreción. En ganadería, por ejemplo, el documento obvia la posibilidad de rebajar la protección del lobo y, en determinadas cuestiones, se mantienen exigencias por encima de lo que plantea la UE en temas como el veterinario de explotación o el plan sanitario integral, argumenta. «No aceptamos que se impongan medidas a nuestros ganaderos por encima de lo que exige la UE», lamentan.

También critican que el Observatorio sobre Importaciones y Exportaciones carezca de los instrumentos necesarios para evitar que las importaciones de choque que entran coincidiendo con el inicio de las diferentes campañas del campo español hundan las cotizaciones en régimen de competencia desleal. Y lamentan que no haya un presupuesto concreto para desarrollar de forma seria los seguros agrarios y adaptarlos a la realidad de las diferentes producciones. 

En el capítulo de medidas de apoyo y financiación, COAG lamenta que las condiciones de los préstamos bonificados para jóvenes no se hagan extensibles al conjunto de los agricultores y ganaderos profesionales, que requieren de un apoyo importante para afrontar las nuevas campañas ante el aumento de costes. Tampoco se incorporan aquí las propuestas que aportaron en su momento, como poner a disposición del sector líneas de financiación bonificadas para el 2024 para los sectores y territorios más afectados por la sequía, el aumento de los costes de producción o para aquellos que requieran de un apoyo económico especial. 

El próximo lunes, la coordinadora reunirá a su pleno, que es el máximo órgano de decisión, para definir la nueva hoja de ruta. 

La opinión de Asaja

La propuesta del ministerio tampoco parece haber convencido a Asaja. La organización está satisfecha con el esfuerzo de simplificación que se ha hecho de algunas medidas de la PAC y que se han trasladado al plan estratégico, pero lamenta que algunas de esas iniciativas lleguen tarde y una vez pasada la época de planificación y siembra. También valora de forma positiva el mantenimiento de la devolución del impuesto de hidrocarburos para el gasóleo agrícola, así como las reducciones en las facturas de carburantes y fertilizantes. Pero considera que hay otros aspectos que quedan sin vías de solución.

Asaja lamenta que no se hayan abordado las conocidas como cláusulas espejo y que no se incluya ninguna medida para rebajar los costes de producción. También echa de menos medidas que dependen de otros ministerios, como bonificaciones en materia de Seguridad Social para hacer frente a la subida del salario mínimo o la aplicación de la doble tarifa eléctrica, entre otras cuestiones.

La organización también destaca que la ganadería es la gran olvidada del documento de propuestas y reclama para ella un plan específico para afrontar la crisis que soporta este sector y que debería incluir, entre otras cuestiones, acabar con la burocracia o rebajar la protección del lobo. Tampoco encuentra respuestas en este documento a tres problemas estructurales que afectan al campo: la falta de vertebración del agua, una revisión del sistema de seguros agrarios y medidas efectivas para incorporar a los jóvenes al campo. 

«Por todo ello, la Junta Directiva de ASAJA no considera que las propuestas presentadas por el ministerio de Agricultura sean suficientes para abordar los numerosos y complejos problemas que afectan al sector y que le han llevado a una situación límite como ha quedado patente con la campaña de movilizaciones que durante mas de dos meses se ha llevado a cabo en todo el territorio nacional», concluye el comunicado oficial.

UPA y Unión de Uniones, las que sí firmaron

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) fue la primera en ratificar el acuerdo propuesto por el ministerio. La organización destacó entonces que el plan permite activar 43 medidas políticas, económicas y fiscales que dan respuesta a la «inmensa mayoría» de sus reivindicaciones y que supondrán un impacto positivo en el sector, cifrado entre 1.000 y 2.000 millones de euros. Ayer, fue Unión de Uniones la que también ratificó el acuerdo con Agricultura. Esta organización cree que la oferta del ministerio va en la buena dirección, pero echa en falta medidas que considera esenciales para el sector.

UPA considera que la firma del acuerdo significa la puesta en marcha del plan de apoyo al campo que recoge «logros de enorme relevancia» que la organización llevaba tiempo reclamando. Se refiere a las medida que permitirán simplificar las exigencias de la PAC, reduciendo la burocracia y la carga administrativa, y a medidas fiscales, como el compromiso del mantenimiento del Impuesto Especial de Hidrocarburos o la deducción de un 35 % en la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15 % en la de fertilizantes. 

Más crítica que se muestra Unión de Uniones, que ayer mismo ratificó el convenio. La organización considera que en este se abordan de forma insuficiente la revisión de los plazos en determinada normativa agrícola y ganadera y la reducción de la carga administrativa, así como las medidas fiscales y la financiación de las explotaciones en un año con sequía y costes elevados.  

Unión de Uniones es la segunda organización que se adhiere a este acuerdo, a pesar de que no forma parte del Comité Asesor Agrario. Sí ha participado en el proceso de diálogo con el ministerio a nivel técnico y, además, el ministro ha anunciado que se modificará el actual marco de representatividad del comité «porque ha quedado obsoleto y no responde a la realidad», aseguró Planas. A partir de ahora, se utilizarán criterios de medición objetivos para que el conjunto de las organizaciones profesionales agrarias hoy presentes en la actividad real puedan participar en la interlocución formal con el ministerio. 

Por otro lado, el ministro también anunció que el próximo lunes se iniciará la consulta pública para la modificación del real decreto que permitirá a las comunidades autónomas ampliar el plazo de presentación de las solicitudes de la PAC hasta el 31 de mayo. Con esta medida se busca dar margen de tiempo para la aplicación efectiva de las medidas de simplificación y flexibilidad que se incluyen en la propuesta del ministerio. «Es la primera flexibilidad que adoptamos», concluyó Planas. 

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