Las notificaciones a propietarios que no limpian sus fincas crecieron un 24 % en un año
FORESTAL
A lo largo del 2022, Medio Rural remitió más de 250.000 avisos y publicaciones para reclamar que se cumpla con la ley de prevención de los incendios forestales
14 feb 2023 . Actualizado a las 09:50 h.Fue en el 2018 cuando el Gobierno gallego decidió poner en marcha el conocido como convenio de protección de las aldeas, un acuerdo entre la Consellería do Medio Rural, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la empresa pública Servicios Agrarios de Galicia (Seaga) para prevenir los incendios forestales. Con él se intentaba ayudar a los concellos a hacer cumplir la norma que obliga a los propietarios a mantener limpias sus parcelas. Ahora, la consellería ha sacado una nueva actualización de este acuerdo, dotado con un presupuesto adicional de 13,5 millones de euros. Porque todavía siguen siendo muchos los propietarios que no cumplen la norma. De hecho, solo durante el pasado ejercicio se apercibió a 261.854 dueños de fincas, lo que supone un 24 % más que durante el ejercicio anterior.
La Lei de prevención e defensa contra os incendios forestáis de Galicia establece el procedimiento para la gestión de la biomasa en el ámbito de las franjas secundarias y deja claro que son los propietarios los que tienen la obligación de mantener estos espacios perfectamente limpios. De no ser así, los concellos pueden intervenir y proceder a su ejecución de forma subsidiaria. Sin embargo, las autoridades locales no siempre disponen de fondos o medios para cumplir con dicha norma, por lo que la Xunta estableció hace años este sistema público de gestión.
El acuerdo establece que los particulares con parcelas en parroquias priorizadas, es decir, en aquellas con un mayor riesgo de incendio determinado tras el análisis de los datos históricos, que se adhieran a un contrato de gestión de la biomasa abonarán una tarifa bonificada de 350 euros por hectárea para la gestión de esa biomasa. Desde que se firmó la primera edición de este convenio esta cifra no ha parado de crecer y, actualmente, están adheridos ya 276 municipios, que son seis más que hace un año y que representan al 88 % del total, lo que, según Medio Rural, «evidencia a boa acollida deste convenio entre as entidades locais».
La consellería ha oficializado ya la quinta actualización de este acuerdo, que estará dotado con un presupuesto adicional de 13,5 millones de euros. De ellos, 1.250.000 se corresponden con trabajos de remate realizados el pasado año. El resto se destinará a poner en marcha nuevas actuaciones en el marco del sistema público de gestión de la biomasa en franjas secundarias.
Según los datos de Medio Rural, entre el 2021 y el 2022, la Xunta inspeccionó un total de 84.914 hectáreas de 1.243.069 parcelas diferentes, que son unas 200.000 fincas más que en el ejercicio anterior. También ha aumento la superficie que se gestiona mediante este acuerdo, que si en el 2019 era la mitad del total, actualmente supera ya al 70 %.
No se olvida tampoco Medio Rural de los propietarios que incumplen esta normativa. A ellos les remite la consellería una notificación advirtiéndoles de la repercusión que tiene ignorar sus advertencias y las sanciones y otros gastos a los que tendrá que hacer frente el propietario si no mantiene su parcela limpia. De hecho, desde el 2021 se han remitido un total de 250.303 notificaciones y se han publicado otras 208.635 referencias. De todas ellas, 261.854 se realizaron durante el pasado ejercicio, lo que supone un incremento del 24 % con respecto a los datos del 2021, cuando se notificaron y publicaron 197.084 avisos.
La consellería también recuerda que en la ley de acompañamiento a los presupuestos del 2023 se introdujeron una serie de cambios que mejoran sustancialmente el procedimiento para la gestión de esta biomasa. En ella queda claro que la obligación de tener las parcelas limpias es algo que debe hacerse durante todo el año, aunque es a partir de finales de mayo cuando se intensifican los controles. Esta vigilancia se adelanta al mes de abril para aquellos que incumplieron en los últimos cuatro años sus obligaciones de gestión. Es decir, que el aviso que envía la consellería es válido para cuatro años, estableciéndose la posibilidad de imposición de multas coercitivas alternativamente al procedimiento de ejecución subsidiaria.
Otra de las mejoras que incluye esta norma es que pone fin al problema de cobro de la ejecución subsidiaria, ya que hasta el momento Medio Rural no podía recaudar este dinero, por ser una competencia municipal. Pero la norma ya prevé que, en el marco del nuevo convenio de protección de las aldeas, la Xunta pueda ejercer ciertas funciones, como ordenar la ejecución subsidiaria, notificar la liquidación y recaudar los costes en los que incurrió el propietario de la finca.
Redacción del plan antiincendios
Otra de las ventajas de este acuerdo es que prevé la redacción del plan municipal antiincendios por parte de la Xunta, un documento previsto en la Lei de prevención y que, hasta el momento, prácticamente ningún municipio tenía. El Gobierno gallego ha entregado ya 273 de estos programas a otros tantos municipios que no contaban con este instrumento de planificación. Y de esta cifra total, 207 ya han sido aprobados definitivamente en sede municipal.
Hasta este año, este convenio ofrecía la posibilidad a los concellos adheridos de llevar a cabo actuaciones subsidiarias hasta en un máximo de diez hectáreas de superficie por municipio y año. Con esta actualización esta limitación se elimiará para aquellos concellos seleccionados por la comisión de seguimiento como municipios piloto. En ellos se podrá actuar subsidiariamente en la totalidad del concello, respetando siempre la disponibilidad presupuestaria. Estos municipios piloto son As Nogais, Monterrei, Cualedro, Lobios, Carnota, Gondomar y A Gudiña.
