Ponen en marcha un observatorio global para corregir desigualdades
09 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La industria atunera considera fundamental proteger el recurso y cuidarlo de forma responsable, pero las normas existentes deben ser comunes y observadas por todos los operadores para poder garantizar la continuidad de este sector industrial. Así lo aseguró ayer el presidente de Anfaco-Cecopesca, Jesús Manuel Alonso Escurís, en el transcurso del acto de clausura de la séptima conferencia internacional sobre el atún celebrada en Vigo durante los dos últimos días. «Los Estados deben velar por que no se antepongan intereses extraños al bien general», declaró el representante de los conserveros, que abogó por que este compromiso sea asumido por armadores, Administraciones y sociedad en general.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, apoyó esta reivindicación y aplaudió la creación del primer observatorio de trazabilidad del atún, con sede en Vigo, que nace para impulsar el control en el cumplimiento normativo, el respeto a los derechos humanos y laborales y la seguridad y calidad alimentaria. «Nunca hacer cosas ilegales conlleva bonanza y prosperidad; nunca hacer cosas desiguales conlleva competitividad y futuro», destacó el representante del Ejecutivo gallego ante los 400 asistentes de más de 30 países diferentes que han participado en las jornadas.
Feijoo reconoció sentirse orgulloso de los conserveros por el hito económico y de empleo que supone su actividad. El sector genera 12.000 empleos en Galicia, representa el 6 % de la ocupación laboral industrial y aporta un 3 % del PIB. Tres de cada cuatro latas que salen al mercado son de atún.
El control, medida esencial
Durante el acto de clausura también intervino el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, que resaltó la implicación de España en la lucha contra la pesca ilegal. Calificó de «esenciales» las medidas de control e inspección en el ámbito de las pesquerías de atún para asegurar la sostenibilidad y la legalidad de las capturas realizadas. «Estamos legitimados para exigir, reiteradamente, y en todos los foros, el mismo nivel de cumplimiento al resto de los Estados miembros de la Unión Europea, así como a los terceros países», destacó el representante político.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, participaron también en el acto de clausura y destacaron la importancia de Vigo como motor de unos sectores económicos más importantes de Galicia.