La Justicia reitera al Gobierno que acelere los trámites para bajar al Villa de Pitanxo
SOMOS MAR
Las familias de los 21 fallecidos confían que se descienda al pecio antes de acabar el verano
12 feb 2023 . Actualizado a las 12:36 h.El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) recibió el pasado otoño un requerimiento del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional instándole a agilizar el inicio de la licitación para contratar a una empresa que inspeccionase el casco del Villa de Pitanxo en las profundidades marinas de Terranova. Este martes, el mismo juzgado volvió a enviar un segundo escrito al departamento de Raquel Sánchez apremiando en idéntica dirección: Que «se arbitren las medidas oportunas al objeto de acelerar todo lo posible el procedimiento administrativo de contratación de los medios necesarios para llevar a cabo el acceso al pecio». La última petición tiene su origen en otro texto, firmado el pasado día 3 por el fiscal asignado a la investigación: muestra su preocupación por el retraso que arrastra el proceso de licitación, con el riesgo que eso implica de no poder tener todo listo para descender al pesquero en la época del año en la que las condiciones marítimas lo permiten: julio y agosto.
La nueva exigencia del poder judicial al Ejecutivo se consumó pocos días antes de cumplirse el primer aniversario del hundimiento del arrastrero de Marín (15 de febrero), el peor naufragio de un barco de pabellón español en 40 años, con el fatal balance de 21 tripulantes fallecidos. Pero la tragedia vivida en alta mar siguió presente en los meses posteriores, en nuevos actos y escenarios: las calles de Marín, la Comandancia de la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, la Delegación del Gobierno en A Coruña o la Xunta de Galicia y la Valedora do Pobo en Santiago. También la Audiencia Nacional, el Defensor del Pueblo, el Congreso de los Diputados, el palacio de la Moncloa y la embajada de Canadá en Madrid, la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, el consulado español en Terranova o la Santa Sede, en el Vaticano, a la que los familiares recurrieron para recabar el apoyo del Papa para su causa: que se baje al pecio a recoger pruebas.
Lucha en grupo
«Haré lo posible y lo imposible». Dicen los familiares que esa frase salió de la boca del presidente Pedro Sánchez la noche que llegaron los tres supervivientes al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. Sánchez se fotografió junto Samuel Koufie, José Enrique Padín y Eduardo Rial. En un aparte con familiares de los 21 fallecidos aseguró que lo tendrían de su lado. Les prometió que «haría lo posible y lo imposible» por ayudarles para esclarecer las causas del naufragio. Nunca más volvió a recibir a las otras víctimas del hundimiento, las familias, pese a los intentos de estas de explicarle por qué es necesario bajar al pecio para obtener más información realizando la autopsia a lo que queda del barco.
Así empezó el pulso de las familias y el Gobierno, primero personificado en el delegado del Gobierno, José Miñones, y luego con Presidencia y el jefe de gabinete en la Moncloa, Óscar López. La versión oficial para eludir bajar al pecio fue mutando. Primero se dijo que no era viable técnicamente. Luego, que se descartaba por falta de medios propios y recurrir a externos implicaba un gasto excesivo. Incluso se aludió a la inseguridad que supuestamente conlleva la operación en esas latitudes. Al final, el Gobierno, ya presionado por el ruido social y los argumentos de las familias, se puso de perfil y dejó la decisión final en manos de la investigación penal, a cargo de la Audiencia Nacional.
El juez instructor, Ismael Moreno, no lo dudó: pidió asesoramiento a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), que tras meses de vacilaciones acabó siguiendo el mismo criterio que adoptó con otros barcos hundidos, incluso algunos sin víctimas mortales: sentenció que es necesario inspeccionar el casco hundido.
LA CIAIM
Posición ambigua. La Ciaim tardó meses en posicionarse sobre la necesidad de enviar robots para inspeccionar el Villa de Pitanxo. Los allegados de los fallecidos denunciaron públicamente que la falta de concreción respondía a presiones políticas sobre este organismo por parte del Ministerio de Transportes. La Ciaim trató de salvar la encrucijada construyendo una maqueta del arrastrero de Pesquerías Nores para simular en un canal de agua dulce la tormenta en la que se fue a pique. Solo cuando la Audiencia Nacional requirió su valoración para aportar luz al proceso penal que investiga 21 presuntos homicidios por imprudencia y le instó a nombrar peritos judiciales a dos funcionarios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana empezó a redactar informes que recomendaban pagar el coste de la expedición para conocer la verdad.
Paralelamente, la Ciaim redacta su propio informe, como siempre que se hunde un barco español, para conocer las causas; un documento que no establece responsabilidades, ni puede aportarse a causas judiciales. De ahí que el magistrado instructor nombrase a dos peritos judiciales para elaborar un documento que sí determinará quién fue el responsable y en qué circunstancias.
AUDIENCIA NACIONAL
Debate de competencias. El rechazo de la Fiscalía a instruir esta investigación —iniciada por la Guardia Civil— en la Audiencia Nacional retrasó durante meses el avance procesal. Primero alegó que era competencia del partido judicial de Marín, que lo rechazó y sus argumentos fueron avalados por el magistrado instructor. Después, la Fiscalía cambió de posición: argumentó que la causa debía llevarse en los juzgados de Vigo por ser la última población española de la que zarpó el Villa de Pitanxo. El razonamiento fue rechazado igualmente, y la Fiscalía no lo recurrió.
A partir de ahí todo se agilizó y la causa cogió velocidad de crucero. Y eso que el magistrado instructor, Ismael Moreno, mientras no era seguro que asumiera la investigación y para no retardar más la causa, avanzó en la medida de sus posibilidades: tomó declaración a los supervivientes y otorgó categoría de investigado al patrón. Ya la imputación de la armadora se fundamenta en la querella presentada por el despacho Méndez y Lampón, que representa a buena parte de las familias de los 21 muertos.
Pesquerías Nores mantiene silencio
La casa armadora del Villa de Pitanxo, Pesquerías Nores, guarda silencio sobre la tragedia. Este periódico intentó nuevamente obtener declaraciones de la compañía —ante la sede y ante su representante legal— con motivo del primer aniversario de la tragedia. Y de nuevo sin éxito.
Más allá de los escritos judiciales presentados por el despacho de abogados que representa a la firma, las declaraciones de esta casa armadora de Marín se han canalizado siempre a través de comunicados. En junio, en un escrito, aseguraba tener «el máximo interés en conocer las causas del desgraciado naufragio y en colaborar con la investigación», a la vez que rechazaba una información de este periódico, basada en conclusiones de la Ciaim, que asegura que el hundimiento del barco se podría haber evitado de haber dado la orden de soltar la red llena de pescado para evitar la escora y posterior hundimiento.
Pesquerías Nores rehusó también entonces hacer declaraciones más allá de lo difundido en un comunicado oficial. Nores ya había emitido uno poco tiempo después del naufragio negando que hubiese un brote de covid entre los tripulantes. Las autopsias de los cadáveres, sin embargo, demostraron que estaban infectados de coronavirus.
