El caso Angrois ya solo está pendiente de si la Audiencia refrenda el cierre de la instrucción

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

XOÁN A. SOLER

Las víctimas han recurrido el auto del juez que solo imputa al maquinista y a un cargo del ADIF

21 jul 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

Seis años después de aquel funesto 24 de julio del 2013 en el que el reloj se detuvo a las 20.41 horas en Angrois, el caso del trágico descarrilamiento en Santiago de un tren Alvia que había salido de Madrid ha entrado en su fase definitiva desde el punto de vista de la investigación judicial. Un único trámite está aún pendiente: que la sección compostelana de la Audiencia Provincial dé el visto bueno al auto con el que el juez sobre el que ha recaído el asunto, Andrés Lago Louro, decretó el cierre de la instrucción. En él imputó como presuntos responsables del accidente en el que perecieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas al maquinista, Francisco José Garzón Amo, y al que en el momento en el que se produjo el siniestro era el director de Seguridad en la Circulación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Andrés Cortabitarte.

La Audiencia debe resolver un total de diez recursos. De un lado, los de los dos únicos imputados en el caso, que quieren dejar de ser investigados, algo poco probable. De otro, y ahí estará el meollo de la cuestión, la reclamación de la plataforma de víctimas de que más cargos del ADIF y de Renfe sean procesados en el caso. En concreto, el exdirector de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, el gerente del área de Seguridad en la Circulación del noroeste del ADIF, Fernando Rebón Sartal, así como a tres técnicos de la empresa de ingeniería pública Ineco. Además, los afectados también han insistido en que se practiquen más diligencias antes de dar por cerrado el asunto.

Estas cinco personas llegaron a figurar como imputados en la causa cuando la Audiencia Provincial tomó la decisión de ordenar que se ampliase la investigación judicial y que no se cerrase el caso con el maquinista como único presunto responsable penal del accidente. Posteriormente, el juez instructor de Santiago, Lago Louro, archivo sus imputaciones cuando dictó el auto con el que dio por finalizada la investigación judicial. Y después, como era previsible porque los tuvo que resolver él mismo tal y como dicta el procedimiento, rechazó todos los recursos de reposición que le presentaron las partes, que fue entonces cuando elevaron sus reclamaciones al tribunal provincial a través de los recursos de alzada.

En este momento procesal se encuentra ahora mismo el caso Angrois. Si la sección sexta de la Audiencia Provincial, que es la que tiene su sede en Santiago, refrenda la decisión del juez de cerrar la instrucción solo con el maquinista y el exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF como imputados, el siguiente paso sería que el magistrado dicte auto de apertura de juicio oral para que defensas y acusaciones puedan presentar sus escritos y se fije una fecha para la vista.

El escenario alternativo no nos devolvería a la casilla de salida, pero casi, porque si la Audiencia decide no respaldar el cierre de la instrucción y admite alguno de los recursos que se han presentado, el juez Lago Louro tendría que seguir investigando y el proceso se alargaría aún más.

En su auto de cierre de la instrucción, el magistrado justificó la imputación del maquinista porque le atribuye «una conducción negligente» del tren al hablar por teléfono durante cien segundos, lo que le hizo perder las referencias de la vía, no ver la señal de reducción de la velocidad y entrar en la curva de Angrois mucho más rápido de lo permitido, algo que para el juez fue la «causa directa» e «inmediata» que provocó el accidente.

En cuanto al exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, el juez le culpa de que no existiera un procedimiento de evaluación de riesgos «que fuera respetuoso con las exigencias de la normativa aplicable».

El juez estima en su auto que se debió evaluar el riesgo cuando se decidió cambiar el proyecto de la línea dejándola sin el sistema ERTMS -que frena la máquina en caso de fallo humano- en el tramo de unos ocho kilómetros situado justo antes de entrar en la estación de Santiago.

La instalación de la máxima seguridad, el ERTMS, acumula tres años de retraso

El tramo de la línea de alta velocidad del eje atlántico en la que se produjo el trágico descarrilamiento sigue sin contar con el sistema ERTMS, que es el que ofrece la máxima seguridad porque monitoriza en todo momento la marcha de los trenes y los frena si, como ocurrió aquel 24 de julio del 2013, el maquinista se despista y circula a mayor velocidad de la permitida.

Inicialmente, la idea era que la línea contase con el ERTMS en el momento de su apertura, pero los problemas técnicos que estaba dando hicieron que el ADIF y Renfe optasen por desconectarlo y operasen con el otro sistema de seguridad, el ASFA, de menores prestaciones.

Tras el siniestro, en octubre del 2013, ADIF volvió a retomar la implantación del ERTMS en el tramo de ocho kilómetros que parte de la línea principal para acceder a Santiago. Las primeras previsiones del administrador contaban con que ya estuviera listo, pero los imprevistos y dificultades lo han ido retrasando y ya han pasado tres años desde que se iniciaran los trabajos sin que se hayan podido completar.

Los problemas están siendo muchos. De un lado, instalar la tecnología con la línea del eje atlántico en pleno funcionamiento y decenas de trenes circulando cada día para mover nada menos que tres millones de viajeros al año. De otro, el complejo desarrollo del ERTMS, con continuas actualizaciones que plantean problemas de compatibilidad. Todo ello ha retrasado la instalación del sistema de seguridad al punto de que a día de hoy el administrador ferroviario aún no puede fijar una fecha prevista para la entrada en servicio de esta tecnología, que inicialmente se fijó para el 2016, por lo que ya acumula tres años de retraso.

Una vez solventados estos problemas tecnológicos comenzarán las pruebas con trenes y equipos embarcados, así como los ensayos de fiabilidad por parte del ADIF y los de compatibilidad que deberá hacer Renfe, requisitos sin los que no se puede autorizar la puesta en servicio.

El juicio se celebrará en el 2020 y la necesidad de espacio podría llevarlo al Gaiás

Si la Audiencia Provincial apoya la decisión del juez de dar por finalizada la investigación judicial del caso Angrois, el juicio se señalará el año que viene y en ningún caso en este, como se pensaba cuando en diciembre del 2018 el magistrado dictó el auto con el que cerró la fase de instrucción. La realidad es que no dará tiempo porque son muchas las cuestiones administrativas y de intendencia que habrá que resolver antes de que los acusados puedan sentarse en el banquillo, dado que hay muchas partes personadas. De hecho, el gran número de abogados que tendrán que estar en la sala hace imposible que la vista pueda celebrarse en el edificio judicial de Santiago, ni tan siquiera en el salón de bodas que acogió, por ejemplo, el juicio por el asesinato de la niña Asunta.

Es tal la necesidad de espacio que una de las posibilidades que se ha puesto sobre la mesa y que cobra fuerza es que el juicio se celebre en la Cidade da Cultura. Y es que en el Gaiás hay un auditorio amplio y que estaría disponible todo el tiempo en el que tuviera lugar el juicio, que no será poco. Otro punto a favor del Gaiás es que posee una amplia zona de aparcamiento que es además gratuita.