La Comisión Europea dio el pasado 17 de julio un ultimátum a España advirtiéndole de que llevaría al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66, porque a su entender son contrarias a las normas europeas de licitación pública
La sentencia señala que la ampliación del contrato de la autopista AP-66 (León-Asturias) se realizó sin licitación previa ni anuncio publicado a escala europea