Pide contundencia en la defensa de la flota en los foros internacionales
21 jul 2024 . Actualizado a las 05:00 h.En la nueva Comisión Europea habrá un comisario de Pesca y Océanos. Sin una mezcla con Medio Ambiente que, a juicio del sector, hizo perder la perspectiva de que la pesca es una actividad económica. Vital, además, para zonas como Galicia. Toda una buena noticia para el sector pesquero, que ya a mitad de mandato empezó a demandar una separación de carteras ante la falta de imparcialidad. Ahora bien, no llega con poner el rótulo en el portfolio. Sus responsables deben pisar más los puertos y escuchar a sus gentes. Algo que hasta ahora no ocurre. Así lo han dejado por escrito los miembros del Consejo Consultivo de las Aguas Suroccidentales (CC Sur), el órgano formado por los denominados stakeholders, interesados que pueden ser agentes del sector, ecologistas y miembros de la sociedad civil, que ya antes de las elecciones europeas aprobó por unanimidad un dictamen que critica la política pesquera que aplicó el anterior equipo, de abierto ninguneo a estos consejeros y con decisiones al margen de la política común de pesca que han creado «una gran inseguridad jurídica para las empresas del sector).
No es el CC Sur el único consejo disconforme con la gestión de la Comisión de Pesca y de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare). Ya en diciembre pasado los once consejos consultivos redactaron conjuntamente y enviaron una queja a la Comisión por la forma en que se organizan las reuniones, sin dar tiempo suficiente para mantener un debate real y justo entre las partes. En esa carta también reprochaban «la escasa participación de la DG Mare en la reunión de los consejos» y, sobre todo, los «inaceptables» procesos de consulta, dando por cumplido ese trámite con un simple acto de presentación que no sigue «los principios de una participación pública, justa, informada, eficaz, inclusiva y transparente».
Por eso que en el nuevo mandato hay muchas cosas que cambiar. Para empezar, el CC Sur, que preside Sergio López, de la Organización de Productores de Burela, con el aumento de la competencia por el espacio marítimo es «esencial una planificación justa, coherente y representativa», así como que el enfoque ecosistémico se aplique a todas las industrias, sea turismo, navegación, o energía.
¿En qué sentido debe cambiar la acción política de la DG Mare? Para empezar escuchando los consejos de los consejos. «La respuesta habitual de la DG Mare sobre nuestros dictámenes es siempre que nos agradecen el trabajo, que su contenido queda registrado, pero luego rara vez vemos las opiniones reflejadas o defendidas en los foros internacionales», recoge el análisis. ¿Un ejemplo? La recomendación sobre el bonito del norte el año pasado. Por unanimidad, y en línea con los consejos científicos, el CC Sur pidió aumentar el total admisible de captura (TAC), pero la Comisión ni lo defendió en la Iccat (Comisión para la Conservación del Atún Atlántico) ni dio explicaciones al órgano consultivo. También critican que en los foros internacionales, a pesar de que el sector comunitario es el más regulado, controlado y cumplidor, con los más altos estándares de sostenibilidad, la Comisión no ejerza una defensa a la altura. Eso ha producido un debilitamiento de la UE en las negociaciones que cada vez cede más terreno a otros actores que, lejos de ser un ejemplo de cumplimiento y sostenibilidad, son más contundentes en la defensa de su sector.
Y ya el colmo ha sido que la propia Comisión no ha respetado la política común pesquera. Se refieren a la veda unilateral que Francia impuso a su flota y a la extranjera sin atender a que en ese caso debía abrir un proceso de consulta de un mes con la Comisión, los Estados miembros y los consejos consultivos, y no se cumplieron los plazos mínimos.
Medidas para hacer frente a la «crisis de confianza» hacia los gestores comunitarios
Para el CC Sur, en el nuevo período político que arranca se «deberá hacer frente a la actual crisis de confianza entre las partes interesadas y los gestores comunitarios», con diálogo continuo, reuniones transparentes y tomando medidas correctoras. Como la que consideran que debe aplicarse a la obligación de desembarque (OD), esa medida estrella de la PCP del 2013, fruto de una extraña mezcla de «políticas contra el desperdicio alimentario y de mejora de selectividad de las artes de pesca» que no redujo los descartes y sí tuvo un «efecto final perjudicial para el funcionamiento normal de la actividad».
Otro error que debe enmendarse es el cierre de 87 áreas a la pesca de fondo. No en el sentido de levantar la protección a los espacios marinos vulnerables, que el CC Sur defiende, sino en cuanto al procedimiento seguido para su aprobación: sin consulta, sin atender los datos científicos más actuales, aplicando medidas comunes a artes de pesca que no tienen nada de común... Es en este punto donde se observa la única divergencia entre los integrantes del consejo consultivo, pues las oenegés sostienen que sí hubo consulta y responsabilizan a los Estados de no haber facilitado datos más detallados para un análisis más profundo.
En definitiva, para volver a estar alineados gestores y pesca, es preciso ver al sector como un proveedor de alimento saludable de forma sostenible y atender más a los objetivos sociales y económicos de la actividad. Recuerdan que ha habido casos de éxito cuando sector, Administración y sociedad civil se dan la mano: ahí está el caso de la anchoa del Cantábrico.