El TC señala que aunque los cargos públicos estén expuestos a la crítica, eso «no comporta que cualquier imputación que afecte a su reputación pueda ser amparada por la libertad de expresión».
Acudieron dos alcaldes y representantes de todos los partidos políticos, desde el PP al BNG, pasando por el PSOE, Democracia Ourensana e Interior Galego Vivo